El acuerdo firmado entre patronal, sindicatos y Gobierno para reformar el sistema de pensiones no es más que un paso inicia corto, muy corto, con vistas a solucionar uno de los problemas más complejos a los que se enfrenta la sociedad española: la necesidad de garantizar las jubilaciones del futuro.

El pomposo documento, elaborado por el equipo del jefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, con el que se ha pretendido buscar soluciones a los desafíos de 2050, no ha previsto que la UE nos exige, aquí y ahora, una salida a temas tan básicos como este. Cuando están en juego unos fondos sin los que será imposible salir de la crisis, Europa quiere saber de donde va a salir el dinero para pagar la subida de las pensiones ajustada al IRPF, como se ha acordado.

Prueba de que el acuerdo logrado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no es más que un tímido primer paso, son las manifestaciones convocadas, este fin de semana, en las principales capitales de provincia, por colectivos de jubilados que exigen una legislación definitiva que garantice el cobro de las prestaciones presentes y futuras. El envejecimiento de la población, con una cada vez mayor longevidad, sumado a un descenso agudo de la natalidad, pinta muy negro el panorama que garantice el cobro de una retribución al final de la vida laboral, pese a haber cotizado a las arcas públicas. De momento, y cuando por cada jubilado hay tres trabajadores en activo, y a pesar de ello la llamada "hucha de las pensiones" está en bancarrota.

Prueba de que lo fundamental está por definir y pactar es el dato de que ni siquiera se ha abordado qué incentivos piensa contemplar la reforma legislativa para que a un trabajador le resulte rentable seguir en activo. Y, sobre todo, cómo penalizar a las empresas que, cuando aplican un ERE, se "deshacen" en primer lugar de los mayores de cincuenta años.

La ley debe contemplar, también, cómo se efectuará el cómputo de las cotizaciones en el futuro, cuando que, en el actual mercado, laboral los contratos precarios son el pan nuestro de cada día. Esa "equidad entre generaciones" que ha quedado fuera del pacto pero que no admite demora. Tampoco se ha logrado consensuar el aumento del cómputo de la vida laboral hasta los treinta y cinco años. Cifra está que se antoja una quimera para la gente que ahora mismo está en un ERTE, no sabe si volverá a trabajar, y lleva transitando de un contrato temporal a otro desde que se incorporó al mercado.

Dado que el Pacto de Toledo se considera uno de los acuerdos más sólidos de la democracia española, sería deseable que, pese a la crispación política actual, la dificultad de lograr el más mínimo acuerdo entre Gobierno y oposición, tuviese la altura de miras para afrontar, de una vez por todas, la solución a uno de los desafíos más urgentes como es el garantizar, ahora y en el futuro, unas prestaciones públicas que equiparen vejez y dignidad.