La elaboración del Plan Estratégico para el sector agrario va a constituir el objetivo prioritario del Ministerio de Agricultura a partir del próximo otoño, con el fin de que se halle listo para enero de 2020 y que España sea uno de los primeros países comunitarios en presentarlo en Bruselas.
En los últimos seis meses, los trabajos desarrollados en coordinación con las Comunidades Autónomas, las organizaciones agrarias y otras entidades medioambientalistas ligadas al sector se han centrado en realizar un análisis técnico sobre la realidad agraria. 
Responsables del Ministerio de Agricultura consideran básicos los resultados obtenidos en lo que se refiere al conocimiento más completo de la realidad del entorno agrario en cuestiones como el nivel de las rentas por sectores y por tipo de agricultor, peso de las ayudas en cada uno, tipos de activos, profesionales pequeños o a tiempo parcial, fiscalidad, etc. Aspectos que van ser clave a la hora de adoptar las decisiones más políticas sobre la futura distribución de esos casi 5.000 millones de euros en ayudas directas de la PAC y los fondos para el desarrollo rural, para sumar en total unos 50.000 millones en cinco años probablemente a partir de 2021.
El Plan Estratégico es la percha de la deberán colgar todas las actuaciones posibles previstas por cada gobierno en base a las líneas marcadas por la próxima reforma de la PAC, en la cual, al margen del volumen de las ayudas sobre el que todavía no hay acuerdo en Bruselas, se introduce un cambio de importancia. 
la reforma y sus metas. En la norma actualmente en vigor, para acceder a los apoyos comunitarios lo importante era cumplir una serie de requisitos, desde los más técnicos a los ligados al medio ambiente. En la próxima reforma, las medidas de apoyo van a estar más ligadas a que su aplicación logre unos resultados muy concretos en tres grandes objetivos. Por un lado, conseguir un sector agrario modernizado y diversificado que dé lugar a una seguridad alimentaria y a la rentabilidad de las explotaciones. En segundo lugar, reforzar el tejido socioeconómico del medio rural y, por último, contribuir a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. En consecuencia, se acabarán las ayudas si los resultados no responden a los fines para las que fueron previstas.
 Esos objetivos globales los concreta la propuesta de la nueva reforma en conseguir nueve metas específicas: apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones para mejorar la seguridad alimentaria; aumentar la competitividad, haciendo hincapié en la investigación, la tecnología y la digitalización; mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor; contribuir a la atenuación del cambio climático; promover el desarrollo  y la gestión eficiente de recursos naturales; contribuir a la protección de la biodiversidad; atraer a los jóvenes agricultores; promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social, y mejorar la respuesta de la agricultura de la UE en lo relativo al despilfarro de alimentos y el bienestar de los animales. 
A partir de esta primera fase de los trabajos más técnicos, Agricultura, organizaciones agrarias y otros agentes sociales han ultimado ya los estudios sobre tres de los nueve puntos para la aplicación de la reforma referidos a la necesidad de apoyar una rentabilidad para las explotaciones y para la seguridad alimentaria, para lograr la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria y para analizar la posible contribución del sector para atenuar el cambio climático.
Con todos estos datos objetivos sobre la mano, a la hora de aplicar la reforma futura, a nadie se le oculta que los mayores debates se producirán en el momento de definir las condiciones para acceder a los pagos de las ayudas. En la Administración no se baraja la posibilidad de dar un vuelco total a la misma, algo que podría hacerse en base a las condiciones que ofrecerá la nueva reforma. Pero tampoco se contempla la posibilidad de que las cosas sigan como están donde hay aspectos muy importantes que modificar como la necesidad de ir a una mayor convergencia entre regiones, hoy medio centenar, o sobre los pagos por derechos históricos en base a unas condiciones que ya no existen en la actualidad
En esta línea, siguen abiertos los debates sobre la definición del agricultor profesional como destinatario prioritario de las ayudas, definición que no solo incluirá a las más de 300.000 personas dadas de alta en la Seguridad Social, sino también a quienes practican la agricultura a tiempo parcial y a los pequeños productores.
En Atocha, las posiciones son proclives a dar un trato especial en materia de ayudas a las primeras hectáreas o cabezas de ganado de las explotaciones para apoyar a este tipo de estructuras. Hay acuerdo total sobre la sobre la necesidad de fijar recortes a partir de un techo de ayuda, los 60.000 euros, y de un tope máximo en los 100.000 euros con deducciones por gastos en empleo o en pagos de cuotas a la Seguridad Social. 
Hay mucho debate sobre la eliminación de los derechos de pagos históricos que en algunos casos como en el tabaco suponen percibir por hectárea más de 3.000 euros, utilizando la tierra para otras producciones, o en derechos ganaderos. Oficialmente, en Atocha no hay una posición definida sobre este asunto, pero hay posturas favorables a su eliminación, al menos de forma progresiva. Más complejidad encuentran en eliminar los derechos de pago ligados a las declaradas en 2013 y que han dado lugar a un mercado de compraventa.