La reforma de la financiación autonómica está pendiente desde que se cumplió el plazo de vigencia de la aprobada por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Esta es una muestra más del desprecio con el que los gobiernos tratan a las instituciones del Estado, para lo que siempre encuentran una excusa, la crisis económica, la dificultad de compaginar  distintos intereses, la proximidad de elecciones, la inestabilidad política.... Todas ellas se pueden resumir en  dos, la desidiaia y los intereses partidistas, mientras que las comunidades autónomas pasan penalidades para sufragar los servicios sociales y su gasto corriente. 

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés (ERC), ha anunciado que reclamara ante los tribunales 1.300 millones de euros en concepto de anticipo que tendrían que haber recibido ya, y ha pedido al resto de las comunidades autónomas que se sumen a su acto de protesta. Sus argumentos, sin embargo, tienen un punto de falaces y bastante de ganas de abrir un nuevo frente de conflicto con el Gobierno central que podría tener su derivada en la próxima sesión de investidura -si llegara a producirse- de Pedro Sánchez. Aragonés sabe que el gobierno en funciones no puede adoptar esa decisión, que fue el voto de su propio partido de rechazar los PGE de Sánchez lo que ha propiciado la situación actual y que se trata de añadir más leña al fuego del conflicto territorial utilizando la coartada del Gobierbo central para ocultar las vergüenzas propias, la incapacidad para sacar unos presupuestos catalanes y la necesidad de abordar un recorte del gasto del seis por ciento por cuestiones internas. Se trata de poner en circulación una versión renovada del "

España nos roba", ya demostrada falsa por un "España nos debe", más fácil de sostener. La coincidencia de la iniciativa de Aragonés con las palabras de Qim Toras sobre un nuevo impulso a la "ruptura democráica con el España, la proximidad de la Diada y de la sentencia del "procés" indica que se trata de abrir jun nuevo frente en la política de acumulación de agravios y un acto de precampaña ante la probable convocatoria de elecciones catalanas, en las que ERC aspira a lograr, por fin el gobierno de la Generalitat.

El resto de comunidades autónomas no ha aceptado una invitación tan burda. Y no porque no padezcan los mismos problemas que Cataluña sean del partido que sean, llegándose a constituirse frentes geográficos de comunidades que p adecen los mismos problemas y que quieren verlos recogidos en el nuevo sistema de financiación autonómica. Incluso entre los gobiernos regionales del mismo color las diferencias son patentes sobre los criterios que han de prevalecer , población, dispersión, y la razón última es que la renovación de este asunto constituye un frente de oposición al Gobierno. 

Si no fuera tan extemporánea y no tuviera unas aristas políticas tan evidentes, la reclamación de Cataluña tendría que ser atendida de inmediato. Como la del resto de gobiernos autonómicos que piden lo mismo.