Jesús Quijano

UN MINUTO MIO

Jesús Quijano

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid


El senador

29/07/2019

Nada de extraño tiene el considerable revuelo político que originó la elección de un senador autonómico en circunstancias verdaderamente singulares. Se trataba de elegir un senador, el que actualmente corresponde al cupo del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, que no tenía previamente la condición de ciudadano de la Comunidad porque no estaba censado en ningún municipio de ella y, en consecuencia, no disponía de la vecindad administrativa que se exige legalmente. Siendo así, se empadronó con celeridad en un domicilio de una localidad segoviana y, cumplido el requisito, resultó elegido en una extraña votación. Extraña porque se trata de una votación conjunta de los tres senadores autonómicos que corresponden a la Comunidad, de manera que, si un grupo no desea votar a un candidato ajeno, tampoco puede votar a los otros dos, que son sus propios candidatos. Y esto es lo que ocurrió exactamente, en el caso del Grupo socialista; por cierto, que no es la primera vez, pues ya en 1991 pasó lo mismo, aunque por motivos bien distintos, en la elección de un senador del PP que había sido Consejero de Economía y estaba inmerso en un procedimiento judicial por ayudas indebidas a empresas mineras.
Así que el episodio merece un comentario, y nada grato. Se puede entender que personas de distinta procedencia geográfica se integren en candidaturas de una provincia distinta; esos llamados cuneros o paracaidistas los habido, hay y habrá, porque no hay mandato imperativo territorial y el interés a representar trasciende la circunscripción. Pero el senador autonómico es otra cosa: lo elige el Parlamento regional y no los ciudadanos directamente; es más que razonable que se le exija arraigo y vinculación con la Comunidad que le elige, porque precisamente su función representativa tiene ese origen y esa finalidad. Precisamente para eso se eliminó de la ley reguladora de su elección el requisito de ser previamente procurador, para poder encomendar esa función representativa a personas significadas que no están en el ámbito de la política activa necesariamente. Y doy fe de que es así, porque yo estaba allí cuando eso se discutió. De modo que utilizar esta vía de una forma y con un fin tan ostensiblemente desviado, ni es edificante, ni es razonable. Todo lo contrario.