Se ha logrado cerrar el acuerdo de gobierno en La Rioja pero los dirigentes nacionales de PSOE y Podemos siguen emperrados en su "no se puede". Tras la fallida investidura en Logroño, la candidata a la presidencia, la socialista Concha Andreu, y Raquel Romero, la única diputada de la formación de Pablo Iglesias, han logrado, incluso, limar el torrente de descalificaciones y chulerias que se intercambiaron en los medios de comunicación. Todo empezó cuando la de Podemos exigió tres consejerias a cambio de su único voto, es decir, algo parecido a las condiciones que Iglesias puso a Sánchez y que llevaron también al fracaso de la investidura en la Carrera de San Jerónimo. Pero aún hay más similitudes: Izquierda Unida, como ha ocurrido a nivel del Estado, pidió también que se aceptara un acuerdo programático y no fueron escuchados. El pacto que permitirá a Andreu convertirse en la presidenta de Rioja contempla ceder una Consejería, la de Derechos Humanos y Cooperación (que, a primera vista, no parece fundamental en el devenir de la vida política de esta autonomía) a Podemos. Eso si, no la va a ocupar Raquel Romero que se queda de simple diputada. Aquí sí que se podía argumentar con razón el latiguillo de la "desconfianza mutua", dado que solo les faltó mentarse a las madres en sus intercambios epistolares. ¿Puede este pacto, el más difícil de todo los firmados en otros parlamentos autonómicos, ser un precedente de lo que pueda ocurrir en el Congreso? Es improbable, dado el cariz de la falta de contactos entre ambas formaciones y el distanciamiento total entre Sánchez e Iglesias. El presidente ya ha vuelto a Moncloa y su primer encuentro para buscar aliados será con los nacionalistas vascos. No se prevé una cita con Iglesias hasta septiembre y la última oferta de nuevo Gobierno de coalición de la formación morada ha sido rechazada tajantemente por la vicepresidenta Carmen Calvo, insistiendo en que la desconfianza mutua convertiría a ese ejecutivo en dos administraciones paralelas. No le falta razón a Calvo. Podemos no se conforma con el Ministerio de Derechos Humanos, si es que existiera, quiere carteras con posibilidad de gasto social que incremente sus expectativas electorales, alicaídas en las últimas encuestas. Y, para evitar la tentación de Sánchez de practicar el "divide y vencerás", han puesto en práctica la "negociación colectiva" y cuando sean llamados a Moncloa acudirá un portavoz de cada confluencia. Es la forma de que Izquierda Unida o Equo no se desmarquen de las exigencias de Pablo Iglesias. Tampoco parece un buen síntoma, que aliente un acuerdo próximo, las duras críticas que determinados dirigentes de Podemos han vertido contra la manifiestamente errática postura del Gobierno en funciones con respecto al barco Open Arms. Demuestra la dificultad de tomar decisiones de forma colegiada, imprescindible en un ejecutivo, cuando las diferencias sobre temas de calado son tan claras. Sánchez, Calvo, Ábalos y el entorno de Moncloa tienen muy asumido que sería un Gobierno todavía más efímero que el qué surgió de la moción decensura. Las urnas cada vez más cerca.