El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, salió de la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con la mano tendida para ayudarle a sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado si renunciaba a las exigencias de los independentistas y asumía el programa electoral que llevó el PP a las elecciones generales.  Si Pablo Casado hubiera ganado las elecciones podría haber aplicado todas las condiciones que ha impuesto a Sánchez para pactar, desde bajar los impuestos a mantener la reforma laboral y aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.  

Todo el planteamiento que realizó Casado en su entrevista quedó resumido en tres grandes bloques, Cataluña, instituciones y economía reunidos bajo el título de ‘Compromiso con y España’ que suponían que el Gobierno renunciara a la aplicación de las medidas que tiene previsto aplicar en cada uno de esos asuntos, y para apoyar sus argumentos utilizó una suerte de apelaciones al miedo, con medias verdades, con suposiciones de futuras negociaciones para quebrar la espina dorsal del país y con la  amenaza de un futuro muy negro. Casado se ha centrado hábilmente en proponer acuerdos en asuntos en los que las posiciones de ambos no estaban tan alejadas antes de que se produjera el recuento de votos. Pero ya no cabe llorar sobre la leche derramada. El PSOE ha pactado con Unidas Podemos y ha necesitado del voto de los independentistas de ERC porque era la única forma de que salieran las cuentas para gobernar y porque el PP y Ciudadanos ni podían ni querían hacerlo.  

Como bien explicó el íder del PP; su partido es la alternativa al Gobierno y por tanto no puede apoyar los PGE si no es para cumplir su programa. Y él mismo dio la clave: si Sánchez aprueba sus primeros presupuestos podrá perfectamente acabar la legislatura o acercarse mucho a su final.  Pedro Sánchez no tiene garantizado que ERC apoye las cuentas del Estado, pero tampoco puede seguir gobernando con una nueva edición de los Presupuestos de Cristóbal Montoro, si aceptara la oferta de Pablo Casado, que no solo condicionó su aprobación a que no convoque la mesa de negociación con los independentistas sino a que tampoco derogue la reforma laboral.  

Dado que las posiciones entre ambos partidos son tan distantes en la mayor parte de los asuntos políticos que la reunión no fue más allá de un diálogo de sordos en la que cada parte hablaba de sus pretensiones. Ni Casado consiguió variar la posición de ley y diálogo de Sánchez sobre Cataluña, ni Sánchez que Casado se aviniera al desbloqueo de la renovación de órganos constitucionales, desde el CGPJ al Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, RTVE o el Defensor del Pueblo. Pablo Casado que se presentó como el defensor de la institucionalidad está dispuesto a mantener la situación actual de esas instituciones por tiempo indefinido, con el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General como telón de fondo.  El pacto de Toledo, la educación y la financiación autonómica pueden correr mejor suerte.

Cuando Casado bloquea la renovación de esos órganos por una pretendida defensa de su independencia, que el Gobierno querría dañar, y para despolitizar la justicia, obvia que en estos momentos son órganos de mayoría conservadora que perderían ese carácter con los próximos cambios. Y eso es hacer trampas en el solitario y despreciar las instituciones que se dice defender.