Sonó fuerte la reciente afirmación del Vicepresidente del Gobierno, según la cual España no es un país genuinamente democrático, teniendo en cuenta la existencia de anomalías variadas que introducen un notable grado de imperfección en el funcionamiento del sistema. Es de suponer que lo hacía al rebufo del también reciente cruce de apelaciones a la privación de libertad de un opositor ruso y de los dirigentes independentistas catalanes, con ocasión de la visita de Josep Borrell a Moscú. En efecto, las anomalías aludidas tenían que ver con la libertad de expresión y con el hecho de que en la campaña electoral en Cataluña estuvieran participando líderes en permiso penitenciario o en estado de fuga. Fuera cual fuera la intención o el contexto, sonó fuerte, no sólo porque la conclusión sea desproporcionada; simplemente porque es insostenible. El que haya personas huidas o condenadas por la comisión de delitos que han sido juzgados y sentenciados por los tribunales en nada obsta a la práctica de la democracia en un país; más bien al contrario, constituye la aplicación de un principio estrictamente democrático, que implica que el intento de alterar el orden constitucional por procedimientos ilegales, que eso sí es una anomalía, tiene consecuencias.

La citada afirmación ha sido de inmediato contestada en formas muy diversas. Unas de manera firme y tajante; otras con cierta tibieza, usando variados argumentos a modo de atenuante. Cosas de la campaña electoral, que siempre invita a excesos; incorrecta expresión de lo que es una realidad en todos los sistemas democráticos, que siempre ofrecen imperfecciones que corregir, etc. Y cierto es; la mejora de la calidad democrática es una aspiración inagotable en todos los momentos y en todos los lugares, porque siempre hay y habrá motivo para avanzar hacia mayor perfección. A menudo incluso se agita esa bandera ocasionalmente, y luego se pliega hasta nueva orden.

Pero de ahí a negar ese carácter al sistema vigente, perfectamente homologable, va un abismo. A poco que uno lo analice, llegará a la conclusión de que la verdadera anomalía es que alguien que piense que España no es un país democrático haya aceptado formar parte de su Gobierno como Vicepresidente; y que continúe siéndolo.