Curiosa situación la que se planteó estos días a propósito de una iniciativa de unas cuantas Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de centros públicos de enseñanza de la Región. Tuvieron la original idea de colocar en lugar visible de algunos colegios una pancarta con un texto tan sencillo, y tan entrañable, como el siguiente: “Yo quiero la escuela pública. Porque es nuestra, porque es de todos”. Simplemente eso, la expresión de un sentimiento de aprecio. Pero la Administración educativa no lo vió aceptable e inició gestiones ante los responsables de los centros para que fueran retiradas. No sé bien si sugiriéndolo, recomendándolo, aconsejándolo, u ordenándolo. Ni tampoco sé bien si alegando razones de inconveniencia, de inoportunidad, de incorrección, o simplemente de estética.

Parece evidente que del contenido de las pancartas no cabe deducir nada que pueda sonar a menosprecio de ninguna otra modalidad de centros de los que integran el sistema educativo, ni siquiera ningún atisbo de intención comparativa que pudiera estar dirigida a subrayar una preferencia desmesurada en un momento en que se empieza a preparar el próximo curso. De modo que el episodio no deja de ser llamativo.

Es bien evidente que el sistema educativo español, por razones históricas de sobra conocidas, tiene unas características muy especiales y una singular composición. Haciendo un poco de memoria, tal vez se recuerde que el artículo 27 de la Constitución, que es el que se refiere al derecho a la educación, fue uno de los que más se resistió al consenso final. Y se logró integrando todo lo que había que integrar, viniendo, como veníamos de una larga etapa en la que la enseñanza confesional había gozado de una situación preferente. Releer ese artículo siempre es un acto esclarecedor. En él está la raíz de ese delicado equilibrio entre escuela pública, concertada y privada en el que se expresa la garantía del derecho de todos a la educación, obligatoria y gratuita en el nivel básico, junto con la libertad de enseñanza y de creación de centros.

Y siendo así, debiera ser motivo de complacencia, y no de extrañeza o de recelo, que haya asociaciones educativas que manifiestan su aprecio a los centros públicos en los que confían para la educación de sus hijos.