No es lo habitual; ni entre políticos ni entre periodistas ni entre el común de la ciudadanía, y por tanto conviene ponderarlo. El vicepresidente de la Junta ha pedido perdón a la Comunidad de Madrid por haber puesto en entredicho su gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. Francisco Igea ha tenido la humildad de enmendarse, algo que no han hecho muchos compañeros de partido de la propia Isabel Díaz Ayuso, que, a día de hoy, siguen buscando algún truco en los datos ofrecidos por las autoridades sanitarias madrileñas o intentando detectar bombas víricas entre los residentes del foro. En su examen de conciencia, el portavoz del ejecutivo regional reclama a otros responsables políticos que hagan también propósito de enmienda y, añado yo, prescindan de los prejuicios al valorar el trabajo ajeno.
A la espera de que los datos de la pandemia puedan volver a torcerse en Madrid, la legión de odiadores de Ayuso se suman entusiastas a la campaña ideada por Gabriel Rufián y secundada por la vicepresidenta Carmen Calvo, en la que acusan a esa comunidad autónoma de dumping fiscal y de «no ayudar a la unidad territorial de España» (sic); que ya hay que tener valor para utilizar este argumento después de negociar los presupuestos con partidos como ERC y Bildu.
El debate sobre la armonización fiscal en el conjunto del Estado nos va a tener muy entretenidos durante los próximos meses y servirá para intentar distraer la atención de ese pacto con dos partidos «que tratan de romper España», que diría Felipe González. Servirá además de munición para seguir polarizando y crispando al personal. Pero no deja de ser un debate estéril, en un país donde se mantienen privilegios fiscales arraigados en el Medievo en comunidades autónomas como el País Vasco o Navarra. Eso sí que ayuda a la unidad territorial y a la igualdad entre los ciudadanos. En fin.