Poco han cambiado las campañas electorales desde los primeros comicios, quizá que se ha perdido aquella guerra de carteles –ahora las vallas aparecen prácticamente limpias–, mientras el juego sucio se traslada a las redes sociales, alimentadas principalmente por parroquianos de uno y otro signo que campan a sus anchas con el insulto. Se mantiene la sonrisa eterna de los candidatos,  después de que algunos hayan estado en vilo por ver si pueden continuar en la actividad, aunque unos resultados desfavorables en anteriores votaciones mantenga nerviosos a un buen grupo de personas, que tratan de recuperar adeptos en estos días, más centrados.  
En general, pese a las pistas que pueda dar la encuesta del CIS, la extrapolación de datos, que suele variar de una convocatoria a otra, la situación está muy abierta y resulta difícil realizar un vaticinio con precisión, mientras la campaña discurre sin grandes sobresaltos políticos, al menos en esta primera semana,  incluido el debate televisivo ofrecido por La8 Segovia que ha dado la posibilidad de que se conozcan las propuestas y las caras de los candidatos de los partidos con representación, como contempla la Ley Electoral, sobre todo de los nuevos.  Luego cada cual decidirá con su voto.
Uno de los aspectos más positivos es que las propuestas exigen la creatividad de los candidatos, lo cual siempre es bueno y da frescura al debate ciudadano, aunque todo exige poner los pies en el suelo y pegarse a la realidad. Puede haber buenas intenciones, pero luego hay aspectos irrealizables, bien por falta de recursos humanos o económicos o porque las competencias no son de la Administración a cuyo gobierno se aspira alcanzar.  
A la hora de hablar de este asunto habría que citar como ejemplo el Ayuntamiento de la capital,  con un presupuesto de 65,2 millones de euros, este año, de los que un 53% se lo llevan los servicios públicos básicos –policía local, bomberos, protección civil, alcantarillado, abastecimiento agua, parques y jardines o educación ambiental–, de los que un 8% son actuaciones de promoción y protección social,  a los que si se añaden los de cultura, colegios públicos, bibliotecas, juventud y deportes el coste total se eleva a un 77 %, quedando muy poco margen para modificar su destino, es decir para aplicar políticas específicas,  si se suman los 23,1 millones, un tercio del total,  a gastos de personal.
Pero es que, además, como ha publicado este periódico, la sobrecarga administrativa causada por la nueva ley de contratos pone de manifiesto falta de personal –ahora hay 543 plazas de funcionarios y laborales, incluido los eventuales, aparte de otras 19 del Instituto Municipal de Deportes–  lo que ha hecho imposible sacar a tiempo nuevas ordenanzas o modificación de otras como las del Acueducto, el paisaje urbano, el consumo de alcohol, publicidad exterior, vertidos, terrazas,  vertidos, cementerios, mercados al aire libre, incluso la renovación de contratas como las de la ORA, la grúa y el alumbrado público. 
El espacio permite poca maniobra y los programas deberían estar hechos para cumplirse.