El Pleno del Congreso ha rechazado las siete enmiendas a la totalidad que pedían la devolución del proyecto de Presupuestos Generales al Estado al Gobierno con lo que se da paso a la negociación de las enmiendas parciales que llevarán a su aprobación.  ¿Con quién? He ahí el quid de la cuestión. Las enmiendas se han rechazado con 198 votos en contra y 150 a favor, Ciudadanos y ERC incluidos, una distancia destacable con respecto a la mayoría absoluta, que permite a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una cierta capacidad de maniobra aunque su voluntad de transversalidad está cada vez más condicionada por la presión de los partidos de izquierdas e independentistas sobre Ciudadanos mientras que Inés Arrimadas le insta a elegir pareja de baile. A partir de ahora comienza la hora de la verdad.    

A pesar de la situación endiablada creada con los vetos cruzados, con el partido naranja de protagonista en esta negociación, ocurre lo mismo que en otras ocasiones, las cuentas públicas son el escenario en que se libran todas las batallas políticas porque su aprobación no solo supone validar la acción de gobierno del Ejecutivo, sino obtener los réditos políticos que cuestan los votos. El Gobierno ha de decidir a quién se los paga, si a ERC y Bildu o a Inés Arrimadas, y para ello han de ponerse de acuerdo antes entre las dos patas del Ejecutivo, mientras caían en terreno baldío las peticiones de la ministra de que no se vincularan las cuentas con otro tipo de cuestiones.  

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha vuelto a demostrar que tiene su agenda propia y se ha arrogado el acuerdo con Bildu que ha levantado sarpullido entre los barones socialistas, con lo que consigue una carambola a varias bandas. Pero la jugada es demasiado evidente y puede tener por seguro que la maquinaria socialista que se ha sentido ofendida no dejará pasar la ocasión de devolvérsela. No porque los votos de Bildu tengan menos valor, aunque vengan cargados de una historia negra que todavía han sido incapaces de dejar atrás, pero si porque resultan irrelevantes para el propósito del Gobierno de sacar adelante las cuentas públicas y causan a Sánchez más perjuicios que beneficios.  

El debate del conjunto de las enmiendas de totalidad ha sido más bien el debate contra Ciudadanos, olvidadas en la mayor parte de las intervenciones los entresijos económicos para dedicarse a las admoniciones, recomendaciones, líneas rojas o naranjas y ajustes de cuentas entre grupos afines, para acabarlo en las posiciones previas, con el PP tratando de arrebatarle el espacio a Inés Arrimadas, y con un bloque de izquierdas que desecha sus aportaciones  y no la quieren como compañero de viaje, y mucho menos como comodín alternativo a la mayoría de la investidura. Por delante queda mucha pelea política por desarrollar, más o menos centrada en unas cuentas cuyas líneas generales están definidas y que no se van a alterar en las líneas generales ya diseñadas y en las que se introducirán reformas en las partidas que compensen el acarreo de votos, como ocurre siempre.  

Inés Arrimadas ha salido airosa del debate presupuestario del que no se retira. Su advertencia a Sánchez de que ahora no podrá decir que no contaba con una mayoría alternativa para dejar fuera a los independentistas ha sido su mejor aportación.