La celebración entre los próximos días 24 y 26 de la cumbre del G-7 en la localidad francesa de Biarritz (a escasos 30 kilómetros de la frontera española) va a ser utilizado por diversos grupos como altavoz internacional para sus reivindicaciones. Así, tanto los chalecos amarillos como el entorno de la izquierda abertzale han anunciado movilizaciones para protestar por la reunión del grupo de los siete en un doble intento de boicotear la cita y que se múltiple la difusión de sus acciones. Así se está preparando una contracumbre consistente en manifestaciones que, aunque en un principio son pacíficas, suponen el mejor caldo de cultivo para que infiltrados radicales ejecuten actos violentos.
Las primeras consecuencia de ello no se han hecho esperar y además de los gendarmes hayan blindado la localidad francesa desde hace ya días, se han comenzado a extremar los controles en la frontera con España, lo que se traduce en largas colas y la amenaza de un cierre fronterizo si las protestas adquieren ese tinte violento que se sospecha. La seguridad supone el elemento fundamental en este tipo de citas. No solo está en juego la propia celebración de la cumbre, sino también la imagen exterior del país que la alberga, por lo que Francia no va a escatimar recursos para evitar cualquier tipo de incidente al calor de la reunión. Si a esto sumamos el recuerdo aún reciente de los desgraciados atentados yihadistas en París y Niza, es fácil aventurar que no a haber lugar a la improvisación en lo tocante a la prevención de actos violentos.
La violencia de los enfrentamientos entre policía y manifestantes de la contracumbre de Génova en 2001, que se saldaron con la muerte del joven activista italiano Carlo Giuliani por disparos de un carabinero, suponen un trágico precedente que la República Francesa quiere evitar a toda costa. Sin embargo desde el Palacio del Elíseo son conscientes de que esta es tal vez la última oportunidad que tienen los chalecos amarillos de rearmar unas protestas que hace tiempo que perdieron su sentido y van a redoblar por ello los controles para evitar cualquier desmán. Si a eso se añade que Bildu se ha sumado al llamamiento a la «desobediencia civil» ante las restricciones de movilidad a las que ha obligado la cumbre no es extraño que se prevean sabotajes y que casi 7.000 agentes, entre ertzainas, policías nacionales y guardias civiles estén en alerta a este lado de la frontera para evitar posibles problemas.
La legítima discrepancia con el modelo económico que representa el G-7 no puede confundirse con un deseo de perturbar la reunión con actos violentos. Pero por desgracia, todo apunta a que va a haber quien quiera radicalizar las protestas para justificar su propia existencia.