Sánchez no será nunca De Gaulle --de actualidad por una excelente película sobre su defensa de la independencia de Francia en la II Guerra Mundial-- ni tampoco Churchill. No llegará nunca a la altura de los grandes líderes europeos de esas décadas ni tampoco a los de otras más recientes. Unos y otros, desde ópticas radicalmente diferentes, tenían una idea de Europa y de su país. Como la tiene Merkel o, incluso Macron. De Gaulle tenía una idea clara de lo que era Francia y de lo que tenía que ser. Sánchez solo quiere permanecer en el poder al precio que sea y con los socios que sirvan a ese interés, sin intentar otros diálogos ni aceptar otros ofrecimientos. Cuanto más tiempo, mejor. Con dos Gobiernos en uno y con un vicepresidente que le hará la cama cuantas veces le parezca oportuno. Pero Sánchez tiene algo que le puede permitir seguir en el poder aun sin un proyecto de país: no hay nadie enfrente que lo tenga, que proponga otro proyecto, que tenga una idea de la España que tenemos que construir, que ofrezca proyección y concordia, que quiera construir un Estado para todos y recobrar la confianza perdida.

La debilidad de Sánchez, la incontinencia de Iglesias, el empuje de los que quieren separarse de España y destruir el Estado constitucional del 78 --el que nos ha dado la mayor etapa de libertad, democracia y crecimiento económico de los últimos doscientos años-- es lo que está provocando el desguace de la democracia parlamentaria y las infinitas ansias de limitar la libertad de los ciudadanos mediante leyes restrictivas de la libertad y absolutamente ideológicas, que no buscan el progreso del país sino satisfacer intereses partidistas. Lo que Sánchez está realizando, empujado por su socio de gobierno y por sus socios de investidura, es una subasta permanente de casi todo para garantizarse el poder y un intento de consolidar un modelo de pensamiento único desde la escuela hasta la Justicia, pasando por los medios de comunicación.

Controlar la escuela, reducir al mínimo la libertad de creación de centros o la libertad de elección de los mismos, despojar a los padres y a los profesores de su autoridad, eliminar el esfuerzo permitiendo pasar curso y hasta obtener títulos académicos con asignaturas suspendidas, querer imponer una cierta clase de censura oficial a los medios de comunicación, buscar el control descarado de los órganos del Poder Judicial, reducir el Parlamento a un trámite que se salta cuando se quiere, eludir la transparencia o negarse a un examen de la gestión de la pandemia por expertos independientes, mentir cuando apetece, poner trabas a la lengua de todos o crear una sociedad subsidiada, no esconde más que un uso abusivo del poder y una voluntad totalitaria, excluyente de todo lo que está fuera del círculo del poder.

La ministra de Exteriores, González Laya, que es de lo más profesional de este Gobierno, acaba de colaborar en el blanqueo que PSOE y Podemos están tratando de hacer con Bildu. "Quien se sienta en el Parlamento es representante de la democracia española", ha dicho. Sin duda. ¿Por qué, entonces, el "cordón sanitario" a Vox? ¿Son más demócratas los herederos de ETA, los que aún no han condenado los asesinatos de aquellos terroristas ni han pedido perdón a las víctimas? ¿Merecen más respeto sus votantes? Estos políticos de hoy buscan eliminar adversarios, destruir el proyecto del 78, cambiar el modelo educativo y limitar las libertades. Ese es, sobre todo, el proyecto de Podemos, que Sánchez y el PSOE les están comprando. Y, en lugar de buscar grandes consensos y respetar las reglas de la ley, estamos sometidos al mercadeo permanente de los derechos y las libertades ciudadanas.