Las organizaciones agrarias han protagonizado en las últimas semanas movilizaciones en todos los territorios por la defensa de la rentabilidad y la viabilidad de sus explotaciones vía precios y un mayor equilibrio en el reparto del valor de los productos en la cadena alimentaria, donde los precios los fija la industria y la distribución en lugar de hacerlo en origen.
Frente a otras movilizaciones anteriores, algo destacable de las actuales ha sido el apoyo dado a los agricultores y ganaderos en los medios urbanos, lo que ha forzado al Gobierno a actuar, tratando de dar alguna respuesta de forma rápida sobre aspectos que llevan aparcados años por unas y otras Administraciones al margen de su color político. Actuaciones que, además, hace unos meses eran legalmente imposibles de ejecutar.
En primer lugar cabe hablar de la evolución de los costes de producción. Hace unos años, el importe de los mismos suponía una tercera parte del valor de la Producción Final Agraria (PFA). En la actualidad, esa factura supone para el campo más de 23.000 millones de euros, lo que equivale casi a la mitad del valor de la PFA que supera ligeramente los 50.000 millones. El sector reclama una mayor vigilancia de esos precios, así como más transparencia, sobre todo en los últimos eslabones de los operadores en el medio rural, y conocer si existen pactos de precios o de territorios.
En segundo término se halla la reivindicación más socorrida en estas movilizaciones: unos precios justos ligados a un cambio en la Ley de la Cadena AIimentaria para que las cotizaciones no se fijen al final de la misma sino en origen. Con la eliminación de los precios institucionales en las sucesivas reformas de la PAC se acabaron los valores mínimos, por lo que el sector se ha debido enfrentar al puro escenario de la oferta y la demanda.
Un tercer factor que ha contribuido a la actual situación de malestar en sector agrario es la irregular distribución de los más de 5.000 millones de los pagos directos de la PAC. La política de convergencia de ayudas entre regiones no ha funcionado y los pagos más fuertes se mantienen donde estaban. La posibilidad de un recorte en los fondos para la próxima reforma, que se unirá al aumento de las exigencias medioambientales agravaría esta situación.
novedoso compromiso. La modificación de la Ley de la Cadena (con los precios justos y la persecución de la venta a pérdidas) es algo que el sector venía reclamando desde 2014, pero la reforma ya estaba llena de polvo sobre la mesa de Atocha. Lo novedoso es que ahora ya hay un compromiso del Gobierno para ello. Agricultura abordará igualmente potenciar la mayor organización de las entidades asociativas en el sector, aunque se echa en falta esa vieja demanda del doble contrato en la energía eléctrica para riegos.
Con los tractores ocupando las carreteras, el Ejecutivo acaba de aprobar de urgencia la respuesta a una de las principales demandas del sector que se concretan en unos precios justos de compra por industria y distribución que no deben ser inferiores a lo que cuesta producir, ligado a una reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. La nueva disposición señala la obligación de la industria y la distribución de que los contratos de compra contemplen los precios de coste del producto. Además, se insiste en la prohibición de la venta a pérdidas, entendiendo que no es la diferencia entre el precio de compra que se considera en la actualidad y el de venta, sino desde el nuevo precio de coste; aumentan las sanciones para lo que era antes una infracción leve, y también se podrá dar publicidad a las multas cuando sean firmes, algo ahora prohibido a la Administración. La nueva normativa sigue dejando excluidas a las cooperativas.

Cambio de opinión

Esta disposición es una sorpresa buena para el sector, pero negativa para la reputación de todos los partidos, en cuanto que la misma se ha producido de urgencia, con el campo en la calle, a pesar de llevar aparcada más de una década. De hecho, hasta ayer oficialmente era imposible modificar la ley de la Cadena, perseguir la venta a pérdidas o dar publicidad a las sanciones. Ahora sí es posible.
Con esta decisión se ha dado respuesta sobre el papel a una petición histórica para mejorar los precios de venta y la rentabilidad del sector. Pero, sobre la mesa quedan otras respuestas como el control de los precios de los medios de producción que han pasado de suponer un tercio del valor de la Producción Final Agraria, la corrección de los desajustes en los pagos de los 5.000 millones de ayudas PAC, la integración asociativa, el seguro agrario más accesible o la olvidada modificación de las tarifas eléctricas de riego. 
Agricultura ha elaborado un amplio paquete de medidas donde dominan los compromisos y las promesas como elevar los fondos para los seguros agrarios, defender los fondos de la PAC, mantener el sistema de módulos en fiscalidad, las bonificaciones al gasóleo, aplazar a cuatro años el pago de los impuestos en la primera instalación, ayuda a los avales de los créditos de Seca, exigir el control de las importaciones o potenciar los regadíos. Toca esperar.