Auno de los muchos pueblos prácticamente vacíos y en ruinas del norte de Castilla llega un grupo de jóvenes militantes de un partido político a hacer propaganda electoral. Los recibe el señor Cayo, uno de los tres vecinos que quedan en el pueblo. Su hablar es reposado, lleno de una ancestral sabiduría que infunde un hondo sentido humano de su persona. El lenguaje crudo y desenfadado de los jóvenes que le visitan, cultos a veces, inconscientes otras, es el contrapunto necesario para poner en evidencia la distancia que separa dos formas de vivir y de ver el mundo. Una que desaparece sustituida poco a poco por otra urbana, ruidosa y masificada.
 -Y, ¿ha pensado usted qué va a votar?
-Lo más seguro es que vote que sí, a ver si todavía vamos a andar con rencores...
-Que eso era antes, joder, señor Cayo. Ahora es un problema de opciones, ¿me entiende? Hay partidos para todos y usted debe votar la opción que más le convenza. Nosotros, por ejemplo. Nosotros aspiramos a redimir al proletariado, al campesino. Mis amigos son los candidatos de una opción, la opción del pueblo, así de fácil.
Como en la premonitoria y vigente novela de Miguel Delibes, a los partidos tradicionales no les quedamás remedio que fajarse lo que resta hasta el 28 de abril por el disputado voto del señor Cayo, ese que puebla cuatro quintas partes del territorio y que se antoja decisivo en las circunscripciones pequeñas, donde se dilucidan tres o cuatro escaños al Congreso. Porque el futuro Gobierno de la nación se decidirá, esta vez más que nunca antes, en la España rural, y tiene pinta de que será por muy pocos votos. Y, claro, nuestros líderes políticos han empezado a llenar de buenas intenciones repobladoras sus futiles promesas para atajar la sangría demográfica. Pablo Casado clama por evitar el peligro de perder las elecciones precisamente en las provincias pequeñas del interior, feudos conservadores de toda la vida. Con la irrupción de Vox, el minifundismo electoral se volvió en contra de quienes siempre se beneficiaron de él. Albert Rivera, líder de un partido fundamentalmente urbanita, promete deduciones fiscales y quiere impulsar un pacto de Estado. Y el presidente del Gobierno saliente aboga, dicho esta semana en Segovia, porque el «desarrollo rural sea la herramienta imprescindible para combatir la despoblación, con decisiones inteligentes y valientes aprovechando los recursos donde durante mucho tiempo ha habido mucho tiempo de silencio». El vacuo entrecomillado es tal cual. 
La España que no está bañada por el mar, salvo Madrid, está formada por más de 10 millones de personas que se consideran ciudadanos de segunda porque no disponen ni de buenas infraestructuras, ni de comercio, ni de internet, ni de profesores o médicos suficientes. Y ya está harta de una retórica política incapaz de armar una estrategia demográfica. Por eso, este domingo, protestarán en Madrid decenas de miles de señores Cayos de la España vaciada, más que simplemente vacía, porque a su vaciamiento han contribuido por activa y por pasiva décadas, cuando no siglos, de descuido y falta de inversiones. Esa otra España sabe que sus votos son ahora un botín decisivo en la aritmética parlamentaria. Como motivos tienen para recelar, ya no se conforman con ver a nuestros líderes políticos estos días subidos en tractores u ordeñando ganado mientras prometen rebajas fiscales, tarifas planas o banda ancha para todos. Saben que es ahora o nunca cuando se pueden arrancar compromisos firmes que al menos desaceleren el proceso de abandono. 
 A la manifestación se han unido hasta sesenta plataformas de veintidós provincias diferentes, mostrando claramente que estamos ante una cuestión de Estado. Soria Ya y Teruel Existe tiran del carro de la protesta. Segovia, castigada en la última década con una pérdida de casi el 10% de su población y con 77 pueblos con menos de cien habitantes, no puede permanecer ajena a esta revuelta. De lo contrario, estaríamos aceptando la condena a una muerte dulce. 
De momento, la sangría demográfica ya ha logrado colarse de lleno en la agenda política. El problema es que hasta dentro de cuatro años no volverán a sacarse las urnas y puede que ya entonces sea muy tarde. Porque revertir esta situación exigirá algo más que incentivos. Requiere un plan de choque. Y eso es largo y, sobretodo, caro.