Hace pocas semanas escuché al alcalde de Madrid pedir al Gobierno que permitiera a los ayuntamientos disponer de su dinero. Si no estuviera metido hasta el cuello en la información política diaria de este país, no habría entendido nada, como le pasaría a cualquier ciudadano poco informado al escuchar semejante ruego. Pero sabemos cómo es España, y de qué manera el Estado fiscaliza hasta la hora de comer de los ciudadanos, así que no se iba a quedar corto en el manoseo de las cuentas municipales. Lo que Martínez Almeida pedía es que los alcaldes puedan disponer, para los gastos derivados del COVID-19, del dinero que han ahorrado ingresando más de lo gastado en el último ejercicio. La misma ley que les obliga a tener superávit les impide emplearlo en lo que consideren oportuno. Usted ha sido aplicado en sus cuentas, mucho más que el propio Estado que año tras año va elevando su déficit, pero le impongo prohibiciones porque tengo la sartén por el mango de la legislación superior.

El enfoque de los regidores de todo el país es, pese a sus buenas intenciones, una perseverancia en la costumbre manirrota de gastar el dinero público en lo que sea, aunque pueda ser algo innecesario. Los ciudadanos esperarían que los miles o millones de euros que los consistorios han podido ahorrar haciendo una gestión eficiente de los servicios públicos sean devueltos a sus cuentas corrientes en la parte proporcional a lo aportado por cada uno de ellos. Si ha sobrado dinero, qué mejor destino que reintegrarlo al bolsillo de los que pagan todas las fiestas sin ser nunca consultados. Un ejemplo: en estas fechas los pueblos y ciudades españoles deberían estar celebrando sus fiestas patronales, pero la cancelación por el virus permite un ahorro monumental a las arcas municipales. ¿Alguien ha pensado devolver ese dinero a los contribuyentes, o anunciar que el próximo IBI no será necesario abonarlo?

Puestos a fiscalizar, llama la atención la que se está montando con el teletrabajo, el gran descubrimiento de la sociedad de 2020 gracias al coronavirus. La manía regulatoria ya está propiciando borradores de proyectos de ley para que esté bien controlado y nadie se sienta libre ejerciéndolo. Los sindicatos dicen que es un chollo para las empresas que no les va a salir gratis, cuando parecería más bien un chollo para quien puede hacer desde su casa el trabajo que hasta ahora se exigía presencialmente. Los empleados por cuenta ajena que emplean una mañana en trabajar para su empresa desde casa descubren de repente lo que los autónomos, grandes marginados del sistema laboral, saben desde hace décadas: que se madruga más, que no se desconecta, que tienes todo el día el trabajo a cuestas y gastas más en calefacción y electricidad. Bienvenidos a la cruda realidad.