Se están llamando de todo menos "bonito". Y cada vez sube más el tono de confrontación: bloqueo, deslealtad, impunidad, desfachatez... Sánchez acusa a Casado de "incumplir la Constitución" por negarse a pactar la renovación del Consejo del Poder Judicial y Casado le responde que "solo (lo) renovaré si Sánchez lo despolitiza y no entra Podemos".

El líder del PP veta a Podemos y habla como si el Consejo fuera suyo y Sánchez contrapone al "incumplimiento constitucional" del PP, el "ejemplo" de Podemos, que, según él, sí respeta la Constitución, que es una manera de ver las cosas cuando menos, peculiar, por no decir otra cosa.

Más aún cuando su líder y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias ha lanzado graves sospechas sobre la imparcialidad de los jueces y el propio Consejo ha tenido que pedirle respeto. Ello no le ha impedido, no obstante, entrar en el mercadeo de los puestos. Dos, al menos, le había prometido Sánchez.

PP y PSOE llevan 35 años repartiéndose la designación de los vocales del Poder Judicial por cuotas y dejando algunas migajas para los amigos o socios de conveniencia. En mi opinión, saltándose el mandato constitucional que pide que la parte sustancial del Consejo sea elegida directamente por los jueces.

También señala la Constitución que los ocho vocales que vota el Parlamento deben ser elegidos entre "abogados" y otros juristas, cosa que se ha incumplido sistemáticamente, sin consultas a las instituciones de la Abogacía y con escaso peso de los abogados, actores imprescindibles de la Justicia.

Aunque creo firmemente en la independencia de las decisiones tomadas por la inmensa mayoría de los vocales del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, hayan sido designados de la forma que sea, la imagen que los políticos están dando de dos de los órganos más importantes de nuestro Estado de Derecho destruye cualquier grado de confianza de los ciudadanos en la Justicia.

La sombra de que los partidos eligen y puedan influir en las decisiones que vayan a tomar los vocales de estos órganos sobre asuntos de importancia o la sospecha de que puedan efectuar nombramientos, olvidando que los méritos y la capacidad deberían ser el criterio objetivo, es una losa difícil de levantar.

¿Cómo creer en la independencia judicial si los partidos se pelean hasta la muerte por controlar sus órganos directivos? ¿Cómo respetar las decisiones del Tribunal Constitucional ante la mezquindad de quienes los designan? ¿Cómo creer en una Fiscalía General independiente si quien la ocupa es una militante activa del partido que Gobierno, exministra de Justicia, no caracterizada precisamente por su imparcialidad?

Tal vez la única manera de salir de este embrollo sería que Gobierno y oposición acepten un arbitraje con laudo de obligado cumplimiento que ponga fin a esta situación. Eso permitiría que los impulsos de unos y de otros se concentraran en lo indispensable: la independencia de los jueces, el respeto a sus decisiones, la sumisión de todos al imperio de la ley, la garantía real del derecho de defensa, la dotación de medios personales y materiales para la reforma de una Justicia antediluviana, ineficaz e ineficiente, como se ha hecho con la Administración Tributaria o la Seguridad Social, y transmitir a los ciudadanos que todos somos, de verdad, iguales ante la ley. Si en lugar de pelearse por el control patrimonial de las instituciones lo hicieran por los ciudadanos y por la seguridad jurídica, este país iría mucho mejor. Lo que está pasando es un escándalo.