Una de las posibilidades que ponen los pelos de punta a los independentistas catalanes es que las elecciones autonómicas propias pudieran coincidir con las de otras regiones, Y si la otra fuera la Comunidad Autónoma de Madrid, su malestar y su cabreo sería sideral. Los gobiernos vasco y gallego se han puesto en las últimas ocasiones de acuerdo para convocar elecciones conjuntamente y no se ha caído el mundo en ninguna de las dos comunidades históricas y han ahorrado a toda la ciudadanía, local y nacional, una campaña electoral con todo lo que conlleva de gasto y crispación. 

En Cataluña y en Madrid se da una situación política similar en un aspecto: en ambas partes el gobierno autonómico de coalición está marcado por la división y el enfrentamiento entre los socios, de tal manera que gran parte de sus esfuerzos los dedican a ponerse zancadillas, desmentirse y soportarse y descuidan la acción de gobierno. Ocurre en uno y otro caso que los socios de gobierno parecen inamovibles, y si en el caso catalán puede producirse un cambio en el orden de los factores y que se produzca variación en el orden de las mayorías, en el caso madrileño, se repetiría, según distintas encuestas, la situación existente. 

En Cataluña la celebración de las próximas elecciones tiene un horizonte tasado que concluye en febrero del próximo año, si el presidente catalán Quim Torra es inhabilitado para el cargo por desobediencia por el Tribunal Supremo, según la respuesta que las fuerzas políticas catalanas sean capaces de articular, en función de sus propios intereses. En Madrid, sin embargo, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, amagó en algún momento con propiciar un adelanto electoral al calor de las encuestas que diseñaban un horizonte de victoria como aprobación a su gestión durante la pandemia y a su labor de ariete contra el Gobierno central, y rizando el rizo se apuntó que podrían hacerse coincidir con las catalanas.

A la presidenta madrileña, que ayer participó en el primer Debate sobre el estado de la Región de su mandato, le cortaron las alas desde la calle Génova, porque se trataba de una operación muy arriesgada, aunque de esa forma se quitara de encima la espada de Damocles de una moción de censura en la que su socio de gobierno, Ciudadanos, tenía que cambiar de bando. El PP, segunda fuerza política en la actualidad podría ganar las elecciones, pero Ciudadanos perdería votos y Vox podría exigir entrar en el gobierno nacional haciendo valer sus escaños, lo que supondría un cambio radical al dar entrada a la ultraderecha en un gobierno y quizás propiciar así la salida del partido de Inés Arrimadas. A pesar de las deficiencias en la gestión de la pandemia, Díaz Ayuso ha contado con una oposición a la que se le ha echado en falta una actitud más crítica y vigilante, y el presidente de su partido, Pablo Casado, considera que es un modelo de eficacia y no quiere agitar el avispero del centro derecha, mucho menos en su situación actual, con un horizonte judicial complicado para su partido.  

Suspendida la conexión entre Barcelona y Madrid a efectos electorales, se mantiene abierto el puente aéreo político con la decisión de Pedro Sánchez de impulsar un nuevo encuentro entre ambos gobiernos pese a que no se sabe el trayecto a recorrer -el Gobierno insiste en "diálogo y ley" y Torra en amnistía y autodeterminación- ni cuando saldrá el avión. El que sí tiene fecha de llegada a Barcelona es el que llevará esta semana la sentencia del Supremo sobre la inhabilitación de Quim Torra.