Desde el 31 de enero, el Reino Unido dejó de ser oficialmente un país miembro de la Unión Europea. Londres y Bruselas se marcaron un periodo transitorio hasta el próximo 31 de diciembre para tratar de llegar a un acuerdo que permitiera una salida negociada con un equilibrio entre los intereses de ambas partes. Hasta la fecha, el desarrollo de las negociaciones, según las impresiones oficiales y de los sectores más afectados, no son las más optimistas. En todo caso, con o sin acuerdo, desde el 1 de enero las relaciones entre Bruselas y Londres distarán mucho de lo que fueron en el pasado. Más aceptable para los intereses exportadores si hay un acuerdo pero lleno de interrogantes si no lo hay; y con graves riesgos de pérdida de mercados frente a terceros países con quienes el Reino Unido tenga otros acuerdos o simplemente que tengan capacidad para producir más barato por sus menores costes de producción.
Para el sector agrario y agroalimentario español esta situación se vendría a sumar a la que ya sufre en el último año a cuenta de los aranceles fijados por las autoridades estadounidenses, que han dado lugar a un descenso de un 38% en el volumen ventas del aceite de oliva; una caída de un 77% en valor del aceite de oliva español envasado, sobre el que cayeron los  incrementos de aranceles; una merma del 11,6% en la aceituna de mesa y una reducción variable en la exportación de vinos que llegó hasta un 60% en los graneles.
Ante las incertidumbres que se plantean en este momento por el Brexit, el Ministerio de Agricultura tiene en marcha un Plan de Contingencias para tratar de paliar los posibles efectos en dos direcciones. De un lado aumentar el personal en la Administración central y en la periférica para los controles zoo y fitosanitarios y así facilitar la tramitación de las autorizaciones de exportación. Agricultura estima que la actividad certificadora en el ámbito fitosanitario se incrementará en un 54%, sobre todo en frutas y hortalizas. De otra parte, con una política para la apertura de nuevos mercados junto con estrategias de promoción. Además de ello, España podrá contar con el fondo de 5.000 millones de euros fijados por la Unión Europea para poyar a los sectores que se puedan ver perjudicados por la aplicación de la ruptura británica.
De cara al 1 de enero, una posibilidad, hoy con muchas dudas, es que haya un acuerdo, y además bueno. Otra no descartable es que no haya acuerdo y que el sector agrario y agroalimentario español se halle ante el peor escenario y la posibilidad tener que hacer frente a un arancel que podría llegar al 22% del valor de las exportaciones. Con un arancel elevado, se podrían barajar directamente tres escenarios. Uno, que el arancel lo asumiera el exportador para evitar caídas en las ventas pensando en el consumidor final. Dos, que el arancel lo asumiera el importador o el distribuidor. Tres, que lo asumieran a medias exportador y distribuidor. En los tres casos, la mirada está puesta en no subir el precio al consumidor final, lo que a la postre acabará en las espaldas de los precios pagados al productor.

Nueva situación

Desde la Administración se ha advertido a las empresas y operadores que comercializan con el Reino Unido la necesidad de ir trabajando en elaboración del Plan de Contingencias para abordar la nueva situación a partir del próximo 1 de enero, haya o no acuerdo, por lo que verá la luz un nuevo escenario de controles, tramitaciones, certificaciones y, en conjunto, una nueva logística originada por la exportación vía carretera de miles de camiones que deberán pasar a diario las fronteras marítimas.
La pérdida de mercado en el Reino Unido por la aplicación de unos elevados aranceles supondría, por un lado, la puerta abierta a las importaciones desde los que actualmente son terceros países, con el consiguiente efecto negativo sobre las ventas españolas. Un segundo efecto sería la necesidad de colocar esas producciones en otros mercados, fundamentalmente en los comunitarios, donde se produciría un exceso de oferta que influiría sobre los precios.
España vende anualmente a Londres productos agrarios y de la industria agroalimentaria por valor de 4.000 millones de euros, de los que 1.800 corresponden a frutas y hortalizas entre las que donde destacan los frutos rojos con unos 300 millones, vino y mostos con 311 millones, cítricos por 290 millones, aceituna por 230 millones, aceite de oliva por 163 millones o uva y pasas por 136 millones.
Este período de transición ha sido bien aprovechado por el Reino Unido con el fin de tener asegurados sus aprovisionamientos en el futuro fuera de la UE. Con este objetivo, las autoridades británicas ya han suscrito acuerdos, entre otros, con países del norte de África, desde donde son posibles importaciones considerables de productos como frutas y hortalizas que actualmente ya suponen un problema para las ventas españolas y que lo serán mucho más en el futuro si pueden entrar en condiciones ventajosas. En relación con el continente africano se halla el acuerdo con Sudáfrica al estar incluido en la Organización de Estados Miembros de la Unión Aduanera de África Meridional con capacidad para surtir de cítricos al país británico, cítricos que actualmente son uno de los productos más importantes exportados por España. El Reino Unido ha suscrito igualmente un acuerdo de libre comercio con Japón por el cual el 99% de las exportaciones estarían libres de tarifas aduaneras, así como un acuerdo de Reconocimiento Mutuo por el que se reproducen los acuerdos existentes con la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Además de ello, desde Londres mantienen negociaciones con otra veintena de países de todos los continentes entre los que destacarían por su peso algunos como Canadá, Egipto, México o Turquía.