Las noticias sobe la presencia de cadáveres de ancianos muertos por efecto del coronavirus en las mismas habitaciones de otros mayores sanos son sobrecogedoras. La falta de información sobre el número de hallazgos de esas características, sobre el número de personas y las residencias de ancianos donde se ha producido esa situación impide saber el alcance de la tragedia. La Fiscalia General del Estado, que se ha hecho cargo de las investigaciones tiene la obligación de trasladar toda la información revelada por la ministra de Defensa a la mayor brevedad posible.

A nadie se le escapa que esos sucesos son puntuales, que no se debe criminalizar a todas las residencias de mayores -y mucho menos a sus trabajadores-, que sin duda están relacionados con la saturación de los servicios funerarios que no dan abasto en la recogida de cadáveres. Si desde el comienzo en el que el Gobierno comenzó a tomar medidas preventivas ya se señaló que estos establecimientos estaban sometidos a especial control, una orden ministerial del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, concede a la comunidades autónomas que son las responsables de su control, mayores capacidades de intervención.

A lo largo de la crisis provocada por la infección por coronavirus se ha comprobado que no ha afectado a todas las comunidades autónomas por igual y que por tanto los problemas de saturación de hospitales, de infección del personal sanitario, del número de contagiados y del número de fallecidos, son dispares, con la Comunidad de Madrid como la más sacudida por la epidemia. El llamamiento a la “solidaridad con Madrid” realizado por el ministro de Sanidad, Salvador Illá, es una necesidad dados los casos que sufre la región y hace abstracción de que el gobierno autonómico sea, junto con el catalán y el murciano, el que mayores críticas realiza a la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, en unos casos por la hipotética tardanza en la adopción de medidas contra la epidemia y en otro por la ausencia de medios de protección para los profesionales sanitarios.

Un llamamiento que contrasta con las declaraciones de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso que había acusado al Ejecutivo de confiscar o de dificultar la distribución de las compras de equipos de protección realizados por su Gobierno y que exigió que se quedarán "exclusivamente en Madrid". Sin faltarle razón, dada la situación sanitaria madrileña, las formas una vez más no han sido las adecuadas, quizá porque todavía no ha cambiado su misión de ser el principal ariete de oposición contra Pedro Sánchez, pero que contrasta con el discurso del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, dispuesto a favorecer la colaboración entre las distintas Administraciones. Madrid es la comunidad autónoma más afectada, seguida de Cataluña y el País Vasco, y solo desde  posiciones muy irredentas se puede hacer chanzas o banalizar las muertes según dónde se produzcan, en lugar de manifestar un sentimiento de solidaridad absoluto.  

Solo la llegada de forma masiva de los equipos de protección -que ya han comenzado a llegar- tanto los adquiridos por las comunidades autónomas como de las compras centralizadas y las donaciones privadas servirá para rebajar las tensiones territoriales y que no sean precisos los llamamientos a la solidaridad, porque todas ellas tendrán los recursos que necesitan. 

El número necesario a pesar de las distintas opciones en marcha, porque si la compra centralizada por part del Gobierno no fluye con toda la rapidez necearia tampoco lo hace las realizadas por las comunidades que las han emprendido, al tiempo que se han moviliado todas las capacidades industriales para lograr el autoabastecimiento ahora y más adelane para el depósito estrategico que anunció el presidente del Gobierno.