En su lucha a muerte contra los sondeos que no le son favorables, aunque la última palabra la tendrán las urnas, Pedro Sánchez ha entrado en una fase peligrosa en la que dice cosas que no resistirían el certificado de control sobre la separación de poderes. Meses atrás ya causó estupor que la Abogacía General del Estado cambiara su punto de vista sobre Puigdemont y después de considerar que había cometido delito de rebelión pasó al de sedición; son muchos los jueces y fiscales que admiten abiertamente que en su opinión ha habido presiones del gobierno para que no se echara más leña al fuego independentista.
A esa sensación de que Sánchez no tiene en cuenta la independencia judicial se suma el desarrollo del decreto aprobado la semana pasada para bloquear la llamada “república digital” de los independentista. Recoge las actuaciones del Ejecutivo para cerrar webs, portales, redes y cualquiera de con las que ciudadanos y asociaciones para comunicarse a través de internet, y en ningún caso se menciona que ese tipo de actuaciones deben ir acompañadas por una decisión judicial, ya que cualquier medida que afecte a los derechos ciudadanos debe contar con el visto bueno previo de un juez. Todo ello al margen de si los independentistas disponen de los medios tecnológicos y económicos necesarios para poner en marcha esa quimérica´y propagandística república virtual.
Para dar más argumentos a quienes piensan que el presidente en funciones ha emprendido el desaforado camino de tomarse las leyes a título de inventario, obsesionado por mantenerse en Moncloa a cualquier precio, Sánchez ha hecho unas declaraciones en Radio Nacional en las que cuando le preguntan si podrá cumplir la promesa que hizo en el debate, traer a Puigdemont a España para ser juzgado por sedición y rebelión, respondió que sí, porque la Fiscalía General depende del gobierno. Claro que depende pero ¿No tienen nada que decir los jueces y fiscales belgas, que son los que decidirán sobre la euro orden del juez Llarena? ¿Cree Sánchez que eso lo arregla él con una llamada al gobierno belga? Por otra parte ¿Está seguro Pedro Sánchez de que la Justicia belga aceptará la euro orden y enviará a Puigdemont a España por sedición y malversación? ¿Y si es solo por malversación? ¿Y si rechaza la euro orden?
Hay malestar en un número no pequeño de jueces y fiscales conservadores y progresistas que creen que el gobierno ha presionado todo lo que han podido a los miembros del Tribunal Supremo. Una vez que se celebren las elecciones veremos a varios de ellos aprovechar cualquier ocasión que se presente para denunciar esas supuestas presiones. El decreto sobre las actuaciones contra la llamada república digital, o sobre el futuro de Puigdemont al margen de las decisiones judiciales, han sido la gota que ha rebasado el vaso de la tolerancia de quienes hace tiempo que ven en Sánchez una falta de respeto a la separación de poderes.