Mientras cualquier partido legal, de la ideología que sea, no pueda ir libremente --sin miedo a que sus miembros sean amenazados, agredidos o perseguidos-- a dar un mitin en cualquier lugar de Cataluña o del País Vasco --como sucede ahora en algunas ciudades-- o, incluso en Madrid, como acaba de pasar en Vallecas donde se ha tratado de impedir un acto de Vox con violencia y amenazas, no se debería decir que la democracia funciona, especialmente si la protección de la Ertzaintza, de los Mossos o de la Policía Nacional no existe o es incapaz de garantizar el ejercicio de un derecho democrático.
Si un político o cualquier profesional no puede dar una conferencia en una Universidad porque unos energúmenos imponen su fuerza sobre el derecho y la libertad, no se puede hablar con rigor de democracia. Y eso ha sucedido y sucede en algunas de nuestras Universidades. Si los rectores de las Universidades públicas catalanas se posicionan en bloque a favor del independentismo, eliminando de hecho cualquier opinión contraria en el espacio universitario, seguramente no hay Universidad y, desde luego, tampoco democracia. Si no hay control parlamentario efectivo al Ejecutivo, no hay democracia y ni en el Parlamento nacional, por abuso de poder, y en el catalán, por desafío de la legalidad y eliminación virtual de la oposición, lo hay. Si los nombramientos de altos cargos y de responsables de las empresas públicas se hacen sin atender a los criterios legales de mérito y experiencia acreditados, colocando a amiguetes con carné del partido, mientras se critican "las puertas giratorias" de otros, no hay democracia sino clientelismo. Si nadie está interesado realmente en blindar a la Fiscalía frente al poder político o en respetar la independencia de los jueces, no hay normalidad democrática y la democracia está desprotegida y sufre.
Aunque con objetivos opuestos, los extremos están tratando de desbordar la democracia y ello está contribuyendo a que se recorten nuestros derechos y nuestras libertades. En parte por la excepcionalidad de la situación sociosanitaria, en parte porque el poder siempre busca evitar la transparencia y dar explicaciones. No me gusta Vox, pero demonizar a esta formación, mientras se está gobernando España con el apoyo, la presión y hasta el chantaje de un partido populista de raíz comunista, que defiende los regímenes dictatoriales, reniega de la libertad de empresa, pretende el control de los medios de comunicación, de la educación y de la Justicia, apoya a los independentistas, es aliado de Bildu y se solidariza con los violentos que convierten las calles en un campo de batalla, es, como poco, un sarcasmo. Como lo es que la CUP, otro partido antisistema, tenga la llave del futuro de Cataluña, con el respaldo de la burguesía y de la izquierda republicana catalana, o que Bildu sea un socio del Gobierno de la nación, incorporado a "la gestión estratégica del Estado" por su hasta hace poco vicepresidente segundo, y una fuerza imprescindible para la presión nacionalista.
En serio, ¿votará la gente de izquierdas a Pablo Iglesias, con su patrimonio multiplicado en estos años, su pésima gestión de nada, su arrogancia y su comunismo de salón? Comunismo, fascismo y nazismo son ejemplo de regímenes que impusieron el terror, anularon los derechos humanos y acabaron con la vida de millones de personas, y con las libertades y la dignidad del resto de sus ciudadanos. De todo eso, lo único que queda en España es el comunismo moralizante de Pablo Iglesias, el líder de la virginidad ideológica y la integridad política, que, antes de dar la espantada y marcharse, ha colocado al frente de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, con otro sueldo millonario y coche oficial, al presidente del Partido Comunista de España, un leninista partidario de "liquidar" al Rey. Y ahora resulta que el peligro son "los fascistas" y no los populistas que saltaron del bar de la Facultad a "la casta".