A pesar de las algaradas, las manifestaciones violentas, los ataques a los miembros de las policías nacionales y autonómica, a pesar de declaraciones incendiarias ¿se percibe una situación de rebelión o de posibilidad de declara la independencia de Cataluña superior a la que se vivió en el otoño de hace dos años? Si como dicen los conservadores, en el caso de la exhumación de Franco, la izquierda quiere ganar ahora la guerra que perdió en 1939, los propios partidos de la derecha parece que están dispuestos a realizar un recurso a la sentencia del Tribunal Supremo, que negó la rebelión de los líderes del procés, al subrayar que esa rebelión se consuma en las calles, y los enfrentamientos violentos protagonizados por los independentistas más radicales son un nuevo alzamiento contra el orden constitucional.
Si alguien pensó que los partidos constitucionalistas se pondrían detrás del gobierno en el respaldo a su actuación policial para no echar más leña al fuego, que respetarían la sentencia dictada por un tribunal encabezado por un juez al que querían elevar a la presidencia del CGPJ, para controlar al órgano de gobierno de los jueces “desde atrás”, y que no harían un uso electoral de los graves sucesos que ocurren en Cataluña se equivocaba.
Sí, como afirma el PP, en Cataluña no hay un problema de orden público, sino de orden constitucional, -aunque el subconsciente traiciona a Álvarez de Toledo y pone los dos órdenes uno a continuación de otro-, es que hay un problema político de gran magnitud y en ese caso cabría preguntarse cuáles son sus propuestas para resolverlo, teniendo en cuenta que su actitud hasta ahora, con el anterior presidente del Gobierno fue dejar pudrir la situación. Es un hecho que la intensidad de las manifestaciones violentas se ha rebajado en los últimos días, que los líderes catalanes siguen siendo ambiguos cuando no refractarios a condenar la violencia que puede desatarse de nuevo el próximo fin de semana con la manifestaciones convocadas. Pero si vuelve a reproducirse es muy posible que la actuación del Gobierno sea distinta.
Con sus propuestas de mano dura, el PP intenta ocultar una deslealtad impropia de un partido de Estado. Pablo Casado ha afirmado que el sí le habría descolgado el teléfono al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para decirle cuatro cosas, como si el otro interlocutor fuera mudo, no hiciera sus propuestas y luego las aireara convenientemente para hacer victimismo. Hablar de los futuribles beneficios penitenciarios de los presos del procés, como si no hubiera un control último del tribunal sentenciador, es contar la verdad a medias. Afirmar que hay inacción porque puede necesitar los votos de los independentistas para formar gobierno es reconocer, primero, que no van a ganar las elecciones, y luego, que quizá se vean en la obligación de abstenerse para permitir gobernar al PSOE, -como hicieron los socialistas- y de esa forma evitar que Sánchez necesite su apoyo, que es un bien superior.
La propuesta de una declaración institucional de apoyo a las fuerza de seguridad con sus consideraciones sobre lo que ocurre en Cataluña a sabiendas de que sería rechazada y no concitaría la unanimidad necesaria por la oposición socialista y de los nacionalistas no ha sido es más que una decisión efectista y electoralista.