Hablar no es negociar. Informar no es acordar. Escudarse en los "expertos" no es ser transparente. Exprimir los decretos ley para trapichear legalmente no es gobernar. Hace unos días, el presidente de la Comunidad autónoma valenciana, Ximo Puig -ojo, no hablo de Isabel Díaz Ayuso, esa "peligrosa ultraderechista" de la que la izquierda abomina, sino del dirigente socialista, cuyo socio es Compromis- decía textualmente que "solo ha habido una serie de comentarios muy difusos de por qué se avanza (en la desescalada) y por qué no. Necesitamos indicadores objetivos y objetivables, que haya transparencia. No se pueden cambiar las reglas a mitad de partido". Esto iba dirigido al presidente del Gobierno y a la falta de diálogo y de claridad. Y es que el presidente Sánchez y sus ministros se están hartando de decir que se está hablando con todos -partidos que apoyaron la investidura y partidos de la oposición, empresarios y sindicatos, autónomos, profesionales que, como todos, están sufriendo la crisis, expertos de todo tipo- y que, fruto de esas conversaciones son las propuestas del Gobierno para salir de la crisis sanitaria y encarar la solución de la crisis económica que ya no es una amenaza sino otra pandemia.

Esa es la teoría, la práctica es otra cosa. Y si algo hay claro es que de esta situación no vamos a poder salir a medio plazo si no es con acuerdos globales y sectoriales, con pactos muy bien armados y respaldados socialmente. El presidente ha dicho que no hay Plan B para el Estado de Alarma. Es decir, o lo apoyan todos o serán culpables de lo que pase. Ellos, o él. La Comisión que se ha constituido en el Congreso, lamentablemente, parece que solo será un paripé, porque el Gobierno tiene mayoría y la impondrá. Al ministro de Justicia le han preguntado si el Plan para atacar el colapso judicial ha sido negociado con los partidos y con los actores jurídicos, y ha dicho claramente que las conversaciones "han sido para informarles antes, durante y después". Informar, no es negociar. Y, de hecho, todos los operadores jurídicos y muchos partidos han manifestado su desacuerdo. Lograr así unos Pactos como los de La Moncloa o el urgente e imprescindible Pacto de Estado por la Justicia es una quimera.

En pleno estado de alarma, este Gobierno, que utiliza a los expertos como y cuando le conviene, está intentando aumentar el control de las redes, utilizando incluso a la Guardia Civil, para acallar las protestas; oculta quiénes son los "sabios" que deciden y con qué criterios qué autonomías cumplen las normas y cuáles no; ha suspendido los procedimientos tramitados ante el Consejo de Buen Gobierno y Transparencia aplicando una disposición adicional del real decreto que declaró el estado de alarma; suprime el secreto profesional del abogado en la modificación de la Ley Tributaria; está intentando acabar con la educación especial y favorecer otra reforma educativa sin debate parlamentario; plantea imponer un impuesto a "los ricos" que apenas recaudará el 20 por ciento de lo que dicen y que ahuyentará capitales; ha impuesto una cuarentena que toda Europa rechaza; y es dudoso que pueda cobrar las multas que está imponiendo por fallos legales en su tramitación. Entre otras cosas.

En Alemania, el sistema parlamentario limita, especialmente en el caso de una pandemia, el margen de maniobra del jefe del Gobierno federal y fuerza al canciller al consenso con los länder y con sus socios de coalición. Ahí es donde entra el juego la capacidad de escucha, de diálogo de liderazgo y de acuerdo. Por hacer eso, los alemanes han vuelto a cerrar filas con Angela Merkel. Igual que aquí.