La medida de gracia, que aún conservan sistemas jurídicos como el español, recuerda aquellas épocas en las que los reyes absolutistas decidían con su divinidad sobre la vida de las personas. O más lejos aún, recuerda al dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo con el que el emperador romano sentenciaba a los gladiadores que acababan de batirse el cobre en la arena. No tenían que responder ante nada ni ante nadie. Con la misma graciosa majestad, los gobiernos democráticos pueden corregir la decisión de los

jueces, aplicada en sentencia firme en pleno Estado de derecho, tras largos procesos judiciales con las máximas garantías en los que se investiga todo lo que rodea el delito

cometido. Si existe la voluntad de perdonar al reo, el gobierno puede hacerlo siendo solo necesarios algunos informes de la fiscalía (jerarquizada desde el poder político) y

los jueces de vigilancia penitenciaria. En Estados Unidos no hace falta ni eso. El gobernador, investido de una especie de autoridad suprema, puede esperar hasta el último minuto antes de una ejecución para firmar la orden de indulto del condenado a muerte por obra y gracia de los votos con los que llegó a su cargo. Muchas películas han

reflejado esos emotivos momentos en los que en prisión se espera la llamada del gobernador concediendo su gracia.

Al presidente del gobierno y candidato socialista le está resultando el asunto de los posibles indultos a los golpistas catalanes como una piedra en el zapato que no sabe

uno cómo sacársela de ahí. No quiere ni oir hablar de ello, de hecho lleva meses sin contestar preguntas a los periodistas, al mejor estilo del plasma de Rajoy. Cuando le

emplazan a decir que no indultará a Junqueras, Romeva y compañía una vez que sean condenados por el Tribunal Supremo, Sánchez mira a otro lado y distrae la atención con

respuestas disuasorias. Su partido defendió en numerosas ocasiones que debería prohibirse el indulto a corruptos y a políticos o empresarios poderosos condenados, pero

ahora no dice nada de eso y da cuerda a la cometa que especula con un punto final a la declaración de independencia desde los despachos del poder político y no desde la

Justicia. Cuando un dirigente niega posicionarse sobre un asunto de tal calado, es que no puede confesar lo que todos piensan que hará, porque las elecciones están a una semana de distancia tan sólo. El prestigio de los tribunales se está librando en esta batalla judicial y electoral.