La sociedad castellano y leonesa comenzó a demostrar ayer el sentido de responsabilidad que se le reclamaba desde los poderes públicos para combatir la propagación del coronavirus. En Castilla y León, a diferencia de lo ocurrido en otras como Murcia, Madrid o Asturias y pese a la enorme confusión que generó en la hostelería algún titular informativo impreso, no había ninguna orden que obligase a cerrar ayer bares y comercios.  Fue voluntario y, de alguna manera, consecuente con una perspectiva de escaso negocio. Muy pocos establecimientos abrieron sus puertas y la mayor parte de los que lo hicieron, ya por la tarde, probablemente hartos de esperar una directriz gubernativa, decidieron echar la persiana definitivamente. Es decir, la sociedad se aplicó autogestión mientras en el Consejo de Ministros del que estaban pendientes millones de ciudadanos durante toda la tarde se daban patadas por debajo de la mesa. Es cierto que no se trataba de un decreto fácil, pero en escenarios de dificultad no son aconsejables indicios ni señales de incertidumbre.
La disciplina social a la que hizo referencia el presidente del Gobierno ayer, a la que se ha apelado durante los últimos días desde todas las instituciones de la Comunidad, es sin duda una herramienta decisiva para combatir el virus. A principio de esta semana, recién celebradas las manifestaciones del 8-M y otros grandes eventos que finalmente también se convirtieron en focos de contagio, pocos daban un duro por que apenas cinco días después hubiera calado tan hondo la preocupación, y mucho menos que se generase tal grado de concienciación como el que se ha visto en las últimas 24 horas. Ir a comprar o a trabajar ya fueron ayer de facto los únicos movimientos de una gran parte de la ciudadanía, que espera que las autoridades estén a la altura. Hay constancia de que la comunicación entre administraciones está siendo fluida, independientemente del color de cada una. Alfonso Fernández Mañueco, como presidente de la Junta, y Javier Izquierdo como delegado del Gobierno, mantienen contactos frecuentes en un ejercicio de responsabilidad al que se han sumado alcaldes y presidentes de diputaciones. Es lo mínimo que se puede pedir. La responsabilidad ha de ser a todos los niveles y se ha de mantener, igual que la transparencia.