Sabemos que la pandemia es un problema global y que, por tanto, exige respuestas globales. Pero lejos de ello, la crisis sanitaria, la peor de los últimos cien años, agudiza la brecha entre los países desarrollados y los países pobres sin que aún las grandes organizaciones hayan cogido el toro por los cuernos, adoptando todas las medidas al alcance. Una de ellas y que, como las olas del mar, depende de los vientos que soplen en las altas esferas, es la suspensión temporal de las patentes de fabricación de las vacunas. No resulta alentador que mientras mueren cada día 10.000 personas por la Covid no se tomen medidas económicas de alcance mundial, suprimiendo el monopolio que rige para estas compañías farmacéuticas cuyos beneficios superan los 50.000 millones de euros.

Lo reclaman, y con razón, destacados expertos económicos y sanitarios para multiplicar incluso por seis el actual volumen de fabricación, lo que permitiría agilizar el proceso masivo de vacunación.

Igual que sucede cuando se expropian terrenos o casas por la construcción de un bien general, como un pantano o una autovía, mediante la fijación del consiguiente justiprecio, ¿por qué no se hace con las patentes?

No se trata de restar valor a la inversión realizada por esas grandes compañías, pero ante el dramático escenario parece más que razonable explorar lo antes posible esa vía. Porque tampoco podemos olvidar que el único cortafuegos al virus es, precisamente, esa vacunación masiva y en todos los países del mundo con indiferencia de su renta per cápita.

De no hacerlo, corremos el serio riesgo de que aparezcan nuevas mutaciones del virus en unos pocos meses, lo que haría inocuo el efecto de cualquiera de las vacunas que se suministran en la actualidad. Y así, vuelta a empezar, convirtiéndose el proceso en un mero mercadeo en el que, obviamente, algunos llenarán sus bolsillos a costa de más muertes que pudieron evitarse.