Lo normal es que las cadenas se rompan por el eslabón más débil. No era, presumiblemente, el caso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, juez de la Audiencia Nacional en la época en que la Justicia constituyó uno de los instrumentos fundamentales para acabar con ETA, miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular y llamado a formar parte del primer gobierno de Pedro Sánchez tras el triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy hace ahora dos años y una de las figuras fichadas por el jefe del Ejecutivo para conformar el ‘gobierno bonito’, con continuidad en el gobierno de coalición. Un juez al frente de las Fueras y Cuerpos de Seguridad del Estado suponía una garantía para acabar con algunos de los problemas que les habían afectado en los últimos tiempos, sobre todo a la Policía Nacional con comisarios hundidos hasta las rodillas en las cloacas del Estado y una ‘policía patriótica’ que trabajaba a favor de parte.

El cese del coronel de la comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, en relación a la investigación que desarrollaba en funciones de policía judicial para la juez de instrucción de Madrid que investigaba si la autorización de la manifestación del 8-M en Madrid, podía ser constitutiva de delito, sitúa a Grande-Marlaska en una situación muy delicada porque en la resolución de este caso se mezclan explicaciones que hasta ahora no se habían dado por parte del ministerio del Interior, -el presunto engaño por parte del coronel sobre la evolución de las diligencias- con lo que aparenta ser una injerencia en la separación de poderes, como lo que se ha interpretado como mentir en sede parlamentaria, por afirmar que su destitución estaba relacionada con la ‘reestructuración de equipos para dar un impulso a la Guardia Civil”, y no por causas relacionadas con el conocimiento de los  entresijos de una investigación -por cierto,  bastante débil a efectos probatorios-, aunque todo pareciera indicar que se empujaba al coronel a cometer una ilegalidad. Pérez de los Cobos habría dicho a sus superiores que la causa judicial estaba paralizada por completo y que no seguiría adelante hasta que se recuperara la normalidad. Otra irregularidad, en este caso de la jueza, porque el asunto no entraba en las urgencias establecidas para el funcionamiento judicial durante el estado de alarma.   

Es muy posible que Grande–Marlaska haya seguido el prospecto de instrucciones cuando un dirigente político está involucrado en una actuación susceptible de ser objeto de choque político que es no dar la versión completa del episodio y esperar a que escampe. La estrategia puede ser equivocada cuando existen documentos por medio que pueden ser ‘filtrados’ –primero el propio informe elaborado por la Guardia Civil, luego el del cese- con intenciones claramente políticas. 

Por ese motivo es esencial que se conozca lo ocurrido en toda su dimensión, y quien cometió las irregularidades: si el coronel Pérez de los Cobos cometió una deslealtad en el cumplimiento de sus funciones, en cuyo caso el cese estaría más que justificado, o si, en efecto, hubo una intromisión en su trabajo ordenado por la juez. Mientras no existan unas explicaciones claras nos encontramos una vez más ante una cuestión de fe. ¿A quién creer: al coronel cesado o al ministro que lo cesa? La resaca política con peticiones de dimisión o cese por la oposición, supone que la galerna política está lejos de amainar.