La marcha del Defensor de la Ciudadanía, Rodrigo González, una vez cumplido su mandato, aunque podría haber sido prorrogado, ha puesto de manifiesto el escaso interés que tiene la corporación municipal, en su conjunto, por este órgano de intermediación entre el Ayuntamiento y los vecinos, a modo de arbitraje de situaciones de conflicto, ante la excesiva judicialización de la vida política y socia, aunque, por supuesto, sin capacidad ejecutiva.   
Tal es la desidia, que ningún miembro del pleno corporativo, distribuido en diferentes grupos políticos, parece que mostró interés por conocer la actividad, que se ha demostrado que es meramente decorativa,  y ni siquiera respondiò a una carta enviada por González, tras las elecciones municipales, lo que no deja de ser chocante, si es que no va más allá de meras formalidades,  según ha declarado a este periódico. Como tampoco la alcaldesa, Clara Luquero, contestó a una carta de mayo donde se le advertía como presidenta de la institución que llegaba el final del mandato, si se puede considerar como tal cuando una persona ejerce un cargo sin ningún tipo de remuneración para escuchar pacientemente las quejas de los administrados, a veces desolados porque no encuentran ya a donde dirigirse y carecen de medios suficientes para entrar en litigios contra la Administración municipal, en este caso.
En la Memoria de 2018, el Defensor de la Ciudadanía ya llamaba la atención especialmente acerca de los «retrasos» en la respuesta a la solicitud de informes que demandamos a las Concejalías y Servicios Municipales, además de exigir una mayor coordinación entre estos servicios, sin que complique ni interfiera en la lógica distribución de responsabilidades y de gestión, entendiendo que «el principio de subsidariedad y complementariedad también se puede y debe ejercer entre servicios municipales y no actuar en paralelo, lo que incrementa el desconocimiento, la reiteración, el gasto de los escasos recursos». 
Si hablamos del campo de las quejas, son reiteradas cada año, lo que quiere decir que apenas se presta atención a las recomendaciones, desde  problemas en el tráfico y  movilidad a   ruidos y molestias varias que generan violencia soterrada y un vaciamiento de la red ciudadana en varias zonas de la ciudad, con una llamada de atención especial a las «desigualdades de todo tipo que por desgracia crecen en todos los ámbitos».
Esta claro que todo esto molesta a los representantes políticos,  porque les pone el acento en los problemas reales de los ciudadanos,  por lo que hablamos de una figura de papel, aunque bien es cierto que otras instituciones públicas carecen de ella.   
Convendría que se aprovechara el momento para tratar de abrir un debate sobre el fondo de la cuestión, incluso abordar posibles reformas que pudieran dotar de contenido a esta Defensoría, por bien de la democracia.  Todo menos mantenerlo como hasta ahora, haciendo el teatrillo de nombrar un sustituto, y que nada cambie.