Los 356 inmigrantes rescatados hace dos semanas frente a las costas de Libia por el Ocean Viking pondrán pisar Malta en las próximas horas. Este país insular miembro de la Unión Europea situado al sur de Italia ha dado luz verde a la operación después de otros seis países europeos -Portugal, Francia, Alemania, Luxemburgo, Rumanía e Irlanda- se hayan comprometido a acogerlos. Los migrantes rescatados provienen de Guinea, Libia, Gambia, Eritrea, Etiopía, Chad, Costa de Marfil, Nigeria, Senegal, Mali Sudán del Sur y Sudán. Y entre ellos viajan 103 menores de edad, de los cuales 92 no están acompañados por un adulto y tres son bebés. 

La crisis humanitaria desencadenada tanto por el Ocean Viking -embarcación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) francesas SOS Mediterranée y Médicos sin Fronteras que ha sustituido al Aquarius-, como por el Open Arms ha puesto de manifiesto la debilidad de una política europea común de inmigración que respete los derechos humanos cuando debería ser precisamente una estrecha cooperación entre Estados la que resolviera este complejo problema.

El espectáculo que los países europeos han dado durante este mes de agosto no ha podido ser más bochornoso puesto que, ante los ojos de una timorata Comisión Europea, se han puesto en duda principios propios de la Justicia universal como el de la ayuda humanitaria en casos de extrema necesidad y emergencia.

La agónica situación vivida durante estos quince días en aguas del Mediterráneo ha retratado más si cabe al ministro del Interior y viceprimer ministro de Italia, Matteo Salvini, que ha tensado la cuerda -incluso desoyendo las resoluciones de tribunales del país transalpino- por un mero interés electoral.

Pero la actuación dubitativa del Gobierno español en funciones ha estado a punto de provocar que la crisis del Open Arms se convierta en una crisis dentro del propio gobierno en donde parecen luchar dos sensibilidades distintas.

En este contexto de improvisación continua -desde el ofrecimiento del puerto de Algeciras primero y de Mallorca después pasando por la decisión ‘in extremis’ de mandar una fragata a la zona- destacan por desafortunadas unas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegurando que la ONGdel Open Arms podría ser sancionada puesto que no contaba con permiso para rescatar a personas en el Mediterráneo. Unas manifestaciones que, sin duda, la ponen a la altura del polémico ministro italiano. La tragedia del Open Arms y del Ocean Viking ha servido para comprobar la pérdida de valores y la falta de solidaridad de la que hace gala una Europa que deja perpleja a muchos ciudadanos.