Con varios debates encima de la mesa como el de la despoblación, la jubilación y la inmigración, la natalidad, en cambio, sigue sin ser el centro de atención de las estrategias de los políticos y de los gobiernos. Las cifras son aterradoras en cuanto al futuro del país, por lo que incentivar los nacimientos en las familias españolas se convierte, después de los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en una emergencia social y económica. 

Resulta inconcebible que se cuestionen políticas para abordar la cuestión de la despoblación en zonas del interior y alejadas de las grandes urbes sin que se repare en que el principal problema es que nacen menos niños en general. No son ya sólo las provincias más aquejadas de contar con menos habitantes sino de una cuestión de país pues hasta 25 provincias -en su mayoría las que integran la España vacía- han consumado un récord de los años 40, es decir, su cifra más baja de nacimientos. 

Además, el saldo vegetativo (nacimientos menos fallecimientos) resulta negativo por cuarto año, por lo que se hace más difícil sostener el Estado del Bienestar, no solo ya los servicios básicos, sino de cara al futuro el sistema de pensiones tal y como está configurado en la actualidad. Esta baja natalidad, además de revelar un cambio de valores y comportamiento en los jóvenes, es síntoma de que la planificación familiar también viene condicionada por la dificultad de acceso al mercado laboral más allá de los treinta años, que es la edad media a la que las mujeres tienen el primer hijo. Si a esto se le suma las trabas para la conciliación en España se dan todas las circunstancias para que el país tenga una de las tasas de descendencia más baja de la Unión Europea.

Es imprescindible, por tanto, que el Gobierno y las administraciones recuperen los incentivos para aumentar la natalidad como los cheques bebé, ventajas fiscales para las familias numerosas y empezar a dar oportunidades a los más jóvenes en el mercado laboral para anticipar su acceso, así como mejorar las condiciones salariales y de conciliación. 

También desterrar los mensajes alarmistas de ciertas corrientes políticas que eliminan cualquier posibilidad de apertura a los inmigrantes, artífices hace una década del aumento de población y de la natalidad en nuestro país en los años previos a la crisis económica. Urge, por tanto, crear un pacto de Estado en torno al envejecimiento acelerado de la población, la escasez de nacimientos y la pérdida de habitantes en las zonas rurales en detrimento de las grandes urbes. 

Un país que cierra la puerta a tener más niños, la cierra también a su futuro.