Las consecuencias de la epidemia del coronavirus supera cada día las cifras psicológicas: ya se está por encima de los mil muertos como consecuencia de la infección y de más de 20.000 los afectados y sin llegar al pico a partir del que la infección comenzará a remitir. Nadie se atreve a pronosticar cuándo comenzará a remitir el número de afectados, si acaso aproximaciones en semanas y todo dependiendo del cumplimiento de las medidas de confinamiento, el método más eficaz para evitar el contagio comunitario.

Dicen las autoridades sanitarias que lo peor está por llegar, tanto en el aspecto sanitario como en el psicológico, momento en el que será necesario volver a sacar fuerzas de flaqueza cuando previsiblemente se prorrogue el estado de alarma. A falta de la proliferación de los test que avisan de la presencia de la enfermedad, como hizo Corea del Sur, el aislamiento domiciliario, como ordenó China, es la principal profilaxis, junto con la higiene de manos para evitar la infección. Las multas impuestas a quienes se saltan el confinamiento demuestran hasta que punto hay irresponsables.

El temor es que lo peor también esté por llegar en el ámbito político. La comparecencia de Pedro Sánchez ante el reducido pleno del Congreso sirvió para que se visualizara la unidad, con matices, de todas las fuerzas políticas en un objetivo común, apoyada al día siguiente por el necesario pero flojo mensaje del rey Felipe VI. Las continuas comparecencias públicas de miembros del Gobierno y de los portavoces de la comisión delegada para hacer frente al coronavirus sirven para cubrir el frente de la transparencia y para dar cuenta de la coordinación con las comunidades autónomas.

Pero siempre surgen conflictos, todos ellos previsibles y por causas no menos previstas. El líder de la oposición, Pablo Casado, apenas ha dejado pasar dos días para recordar las deficiencias en la actuación del Gobierno, en ese caso con una andanada contra Pablo Iglesias por la situación en las residencias de ancianos, que caen bajo su responsabilidad, y con una mirada que se retrotrae hasta el 8-M. Su 'baronesa' madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se considera relegada en el suministro de medidas de protección para los sanitarios, pero desde el ministerio del Sanidad se rehuye la polémica y se compensa con un acuerdo con el Ministerio de Defensa para la desinfección de las residencias de mayores a cargo de la Unidad Militar de Emergencias y de la instalación de un hospital de campaña para desahogar los centros sanitarios más congestionados.

La intervención de la UME está también en el centro de las tensiones del Gobierno vasco con el central e incluso en su propio seno. El lehendakari Íñigo Urkullu considera innecesaria su actuación en el aeropuerto de Loiu. La presencia del Ejército en las calles levanta sarpullidos entre los dirigentes peneuvistas aunque sea para aliviar a sus ciudadanos.

En Cataluña, entre tanto, su presidente, Quim Torra ha vuelto a tratar de internacionalizar el conflicto ahora a cuenta del coronavirus quejándose de que el Gobierno no haya cerrado a cal y canto las fronteras de Cataluña, para lo que ha enviando una carta a todas la autoridades europeas para que aprieten las clavijas a España. La respuesta inicial ha sido que la Comisión Europea apoya a todos los países miembro en sus esfuerzos contra el virus. Y a otra cosa.