UN MINUTO MIO

Jesús Quijano

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid


Mil mujeres

Fue precisamente el otro día, a la vez que se informaba de otro episodio terrorífico de violencia de género con resultado de muerte, cuando se conoció la noticia: la cifra de víctimas mortales de esta lacra, conforme a la estadística acumulada desde que se lleva la cuenta oficialmente, que sólo es a partir de 2003, alcanzaba ya las mil. Sólo desde 2003, más o menos en 15 años. Una media de 66 por año, algo más de cinco por mes. Para que nos hagamos una idea, la cifra supera con mucho las víctimas del terrorismo de ETA desde la muerte de Franco hasta el cese de su actividad; fueron 829 desde 1975 hasta 2011. Las de la violencia de género, bastantes más en mucho menos tiempo. Si a ese dato sumáramos el de los suicidios derivados, el de niños huérfanos, el de asesinatos frustrados y tentativas, el de agresiones y lesiones, etc., etc., fácilmente llegaríamos a la conclusión de que ahí tenemos uno de los problemas más serios de nuestra sociedad.
Sin duda, no es un problema nuevo, pero ocurre que durante largo tiempo no era un asunto ni tan visible, ni tan contabilizado. Era aquella época de los crímenes pasionales y domésticos, que no iban más allá de las páginas del «caso», o de la sección de sucesos en los periódicos, que solía ser cuando el episodio resultaba especialmente noticioso por las circunstancias concurrentes. Ahora se sabe cuándo ocurre, se informa de ello, se lamenta colectivamente, con pronunciamientos institucionales y sociales. Se ha legislado, disponiendo medidas y agravando penas, se han tomado iniciativas de todo tipo, ayudas públicas, programas de concienciación, servicios de protección. Pero la estadística no ha bajado, sino todo lo contrario.
Así que la pregunta está tan viva como hace tiempo, cuando empezó a existir conciencia colectiva sobre la gravedad del asunto. Sobre todo, cómo se puede prevenir; porque actuar con dureza jurídica cuando ya ha ocurrido, es lo que se hace, o lo que se debe hacer. Y habrá que concluir que, además de eso, la prevención cultural y educativa necesitará de tiempo, esfuerzo, continuidad, intensidad y recursos. Porque está claro que el Código Penal no es suficiente.