El Ministerio de Agricultura hizo públicos, finalmente, los datos sobre el comportamiento de la renta agraria en 2019 donde la misma registró un descenso del 8,6% para situarse  en 26.180 millones de euros. En Unidad de Trabajo Año (UTA), que viene a ser como el percibido por un activo en el campo, la renta se elevaría a los 30.361 euros. A pesar de esta rebaja tras años de subidas, desde la Administración se recalcó que la renta de España es la segunda más alta de la Unión Europea, solamente por detrás de Francia, donde en 2019 su renta también cayó.
El valor de la Producción Final Agraria ascendió a 50.637 millones de euros, frente a los más de 52.000 de la campaña anterior, fundamentalmente por las reducciones en los ingresos de las producciones de cereales, frutas y hortalizas, la menor cosecha de vino y el aceite con los precios bajos. El valor de la producción de cereales pasó de 4.323 millones de euros a 3.602, las frutas y hortalizas de 10.131 millones a 8.130, y, concretamente, los cítricos de 2.707 millones a 2.127 millones, la viticultura de 1.442 a 1.193 millones y el sector olivarero de 1.800 a 1.482.
 En materia de producciones, el porcino fue uno de los salvavidas de los números, aunque no lo suficiente para contrarrestar los resultados negativos de la actividad agrícola, todo ello sumado a un aumento del 3,6% en los gastos en medios de producción, donde destaca el incremento de los piensos.
A la hora de hacer balance de un año, son importantes los datos sobre producciones, mercados y, a la postre, rentas, aunque en ello juegue un papel fundamental la climatología y también otros factores en los mercados difíciles de controlar desde una Administración. Sin embargo, además de todo ello, es importante el balance de la política agraria que se haya desarrollado en ese mismo período más allá del comportamiento de las heladas, las sequías, pedriscos o inundaciones. Y, en ese sentido, se puede decir que en el último año Agricultura ha sido un Ministerio en funciones.
Los fondos comunitarios suponen más de 7.000 millones y constituyen el eje de los recursos de Atocha. Frente a la estabilidad de los recursos procedentes de Bruselas, cada año se han ido reduciendo los fondos nacionales para hacer la política sobre el terreno y Agricultura ha tenido que funcionar en 2019 con unos Presupuestos prorrogados, lo que ha condicionado las posibilidades de impulsar iniciativas y cambios de calado en el sector.
En política agraria, en el último año el Ministerio y el sector se han centrado casi con carácter monográfico, en los trabajos de análisis de campo para elaborar en los próximos meses el Plan Estratégico donde ubicar los fondos que lleguen desde Bruselas, una vez se haya aprobado el nuevo Marco Blanco Financiero Plurianual. Desde Bruselas ya se advierte que los pagos se harán, no mirando solamente si el beneficiario reúne los derechos necesarios para su cobro, si no valorando los resultados y si los mismos se hallan en la línea prevista por la UE. Tras la elaboración de ese marco, en los próximos meses se deberá dar contendido financiero al mismo, lo que supone asignar fondos a cada objetivo y su distribución, lo que se presenta ya como un reparto polémico.
Con esa escasa capacidad para adoptar iniciativas de calado, con un presupuesto prorrogado durante varios años y, sobre todo, con la incertidumbre que genera la inseguridad de un gobierno por la duración de la legislatura, en Agricultura se han tenido que limitar a una política de continuidad en las ayudas con escasas medidas de reestructuración que supusieran elevadas inversiones limitándose a plantear solo medidas de reorganización de actividades fundamentalmente por razones de bioseguridad y medio ambiente. Esta línea de actuaciones se ha centrado en la reordenación de las actividades en la producción de porcino, de ovino y de la avicultura abordando cuestiones como distancias para su ubicación entre explotaciones y de los núcleos urbanos, tamaño, vertidos etc…
En la misma línea de ordenar los sectores ganaderos, Agricultura puso en marcha el pasado otoño lo que se ha denominado como la ‘hoja de Rruta’ en el sector del vino a través de la interprofesional, por la que se pretende una mayor clarificación y transparencia del mismo en una apuesta por las política de calidad desde la cepa a los mercados. Con el modelo actual, a pesar de haber experimentado una rebaja de la superficie de cultivo desde 1,05 millones a 950.000 hectáreas, la producción ha pasado de una media de 35-37 millones de hectolitros a producciones medias por encima de los 42 millones y techos de 50 millones.
La Administración y el sector productor están de acuerdo en la necesidad de buscar una solución contra el incremento de las producciones y, especialmente, las de peor calidad por la mejora de estructuras, la introducción de riegos y de varietales con elevados rendimientos al margen de su calidad, algo que controlan los Consejos Reguladores. Este cambio de normativa se halla en fase de debate, contemplando, entre otras medidas, la imposibilidad de destinar a la producción de vino uva con menos de nueve grados de alcohol y de limitar los rendimientos máximos por hectárea con carácter estatal.
El problema de los excedentes provocados en el sector de la fruta en general y muy especialmente en la de hueso, ha puesto también sobre la mesa la necesidad de ir a una reordenación de esta producción. Hay un problema de elevadas producciones y, sobre todo, de una oferta de fruta, que, además, ha perdido su sabor y, en consecuencia, una parte de la demanda. El sector reclamaba el arranque subvencionado de más de 10.000 hectáreas. Agricultura quiere un plan pero con otros compromisos donde también asuman sus responsabilidades quienes se lanzaron a aumentar sin y techo las plantaciones.
Finalmente, cabe señalar la  existencia en Atocha de una iniciativa bloqueada por esta situación de interinidad para elaborar una Ley de Bases  de la Agricultura por la que se modificarían viejas normas obsoletas como la Ley de Modernización de Explotaciones y aprobar otras necesarias para los retos del futuro.