Soy de los que cree que la gente, el pueblo, está sobrevalorada. Ni el cliente siempre tiene la razón ni el público tiene derecho a insultar a un jugador por haber pagado una entrada. No soporto a los padres que desdeñan a los profesores porque no ponen sobresalientes a sus hijos, tampoco a los que critican al sacerdote porque en la homilía ha dicho algo que nos les apetece escuchar un domingo al mediodía antes de tomarse el vermú. Desconfío de los políticos que tratan a los electores como menores de edad y que recurren al argumentario para buscar soluciones a problemas que necesitan de mentes abiertas. 
No soy partidario de esas manifestaciones vecinales delante de los ayuntamientos durante las sesiones de investidura que terminan con insultos a unos concejales y aplausos a otros. Hay liturgias que requieren del máximo respeto y donde sobran los hooligans que sólo ven la política desde sus trincheras. Entiendo, eso sí, el malestar de algunos ciudadanos con los enjuagues que se han realizado en unos cuantos municipios desde despachos de Madrid que han dejado en ridículo a dirigentes locales, incapaces de tomar una decisión sin antes consultar con los jefes del partido.  
Después de asistir a los lamentables espectáculos de estos últimos días empieza a ser necesario que los partidos se comprometan en firme por respetar a la lista más votada o que se planteen la necesidad de una segunda vuelta o que. Lo primero no va a poder ser porque todos lo incumplen en cuanto tienen la menor ocasión. La opción de dar la última palabra a los electores y quitársela a los hombres de negro parece lo más sensato. Pero, ¿cuándo la sensatez se ha impuesto al interés partidista?