Vidal Maté

Periodista especializado en información agraria


Pacto por el Campo

06/03/2020

La modificación de la Ley de la Cadena, evitando la venta a pérdidas y el establecimiento de precios justos, ha contemplado algunas de las reivindicaciones más importantes que han sobrevolado las movilizaciones de las últimas semanas de agricultores y ganaderos. A estas demandas, se han sumado otras que se hallan en las diferentes mesas de negociaciones abiertas en el seno del Ministerio de Agricultura como las políticas de fiscalidad, el apoyo al seguro agrario (con los fondos para el pago de primas congelados en 211 millones en los últimos años), política de créditos, compromisos varios o el contenido del Plan Estratégico donde aplicar la próxima reforma de la PAC y muchas promesas. 
Sin embargo, con los tractores en las carreteras y la perspectiva de estar ante una legislatura larga frente a la situación de interinidad de los últimos años, el ministro de Agricultura, Luis Planas, proponía al arco parlamentario un Pacto por el Campo desde una doble visión. Primero, considerando el sector desde la perspectiva de una actividad clave para el suministro de productos de calidad a unos precios adecuados en un momento de crecimiento de la población mundial con superficies de cultivo limitadas para producir más alimentos. En segundo lugar, por su peso en la actividad, con más de 900.000 ocupados.
Desde Agricultura, en base al diálogo y al consenso, se aboga por una política donde, entre otras líneas, se avance hacia una situación real de integración asociativa que de verdad opere en los mercados, tanto en la compra de suministros y todo tipo de medios de producción, como para defender los precios de sus producciones. Se mantiene la apuesta por la incorporación de los jóvenes a la actividad, así como el papel de la mujer en la actividad agraria y en el sostenimiento del medio rural. También se opta por la defensa del modelo de explotación familiar viable con una adecuada rentabilidad, para lo que se ve importante la innovación y el desarrollo, así como una política de transferencia del conocimiento que, dicho en otras palabras, es el asesoramiento a pie de explotación que hace décadas se llevaba a cabo desde las viejas Agencias de Extensión Agraria, hoy, en el mejor de los casos, diluidas en algunas Comunidades Autónomas. Sobre la mesa, además, otras cuestiones como una sanidad animal más preventiva para evitar los actuales sacrificios masivos en algunas zonas, más controles en fronteras, la presencia de un veterinario de explotación o los programas sectoriales para adecuar los mismos desde la producción a los mercados. 
En esta legislatura, en este año, se deberá cerrar el Plan Estratégico como marco para aplicar la próxima reforma de la Política Agrícola Común donde se deberán incorporar todas las nuevas exigencias sobre todo en materia de medio ambiente y, además, redefinir el modelo sobre la distribución de los pagos, agricultor genuino o persona que realmente vive de y por la actividad agraria, poner fin a los abonos por derechos históricos en las ayudas y ajustar los procesos de convergencia entre regiones o sectores para evitar las actuales discriminaciones.
Hasta ayer, en el Ministerio de Agricultura se veían en la imposibilidad de poner en marcha un proceso de cambios legislativos si no había una cierta situación de estabilidad política. Hoy se estima que hay por delante varios años de Gobierno y, con ello, la posibilidad de abordar los procesos de cambios, ajustes o nuevas disposiciones para lograr una mayor eficacia en los objetivos de política agraria.
En esa línea se halla la elaboración de una nueva Ley de la Cadena Alimentaria ajustada a las disposiciones comunitarias y más allá de lo dispuesto en Real Decreto aprobado el pasado 25 de febrero. Agricultura tiene que avanzar en otros contenidos, como la figura del mediador en caso de un conflicto entre las partes, en reforzar la actividad de la Agencia para la Información y el Control de la Cadena, el volumen de las sanciones para que sean más ejemplarizantes y la mayor inspección desde las Comunidades Autónomas que son las competentes en la materia. Esa nueva Ley deberá estar aprobada antes de mayo de 2021.
Agricultura tiene previsto aprobar una nueva Ley de Interprofesionales, donde se dan la mano el campo y la industria para queambas tengan un papel mucho más eficiente en la actividad de los mercados. Mientras hay casos donde estas han jugado un papel muy positivo en la defensa de sus intereses, en otros no se han dejado ver y los agricultores y ganaderos se preguntan a dónde va a parar y para qué se emplean sus fondos, aparte de para estudios y comunicación.
El ministro quiere poner en marcha una Ley para clarificar la representatividad en el sector donde, en la actualidad y oficialmente a escala estatal, Agricultura admite a las siglas COAG, UPA y ASAJA, mientras recibe por separado a Unión de Uniones fruto de escisiones de COAG y de ASAJA, con presencia mayoritaria en Cataluña con Unió de Pagesos, fuerte presencia en la Comunidad Valenciana con Unió de Llauradors, de Unión de Campesinos en Castilla y León y menor presencia en otras como Castilla-La Mancha, Extremadura o Madrid. A Luis Planas no le gusta la Ley de 2104 no desarrollada de Miguel Arias Cañete y quiere elaborar otra donde se defina la representatividad sin elecciones.
Al cabo de años de existencia, la Ley de Integración Asociativa para crear entidades supraautonómicas solo ha dado lugar a una docena de nuevos grupos. Se han potenciado sus socios, más agricultores y ganaderos en las mismas, pero no se ha logrado el objetivo que se pretendía y que se busca hoy, que no es otro que acabar con el minifundismo y, sobre todo, que se vea su papel y peso en los mercados donde son productores mayoritarios. En la misma dirección, se plantea una revisión de la normativa sobre las Organizaciones de Productores, nuevas regulaciones de las lonjas de los productos agrarios para dar a las mismas una mayor transparencia o una nueva regulación de los canales de comercialización cortos.
Finalmente, la actividad legislativa viene de la mano de una Ley Básica de la Agricultura donde, en principio, el objetivo es revisar y adecuar viejas disposiciones para que sean más eficaces. En este capítulo se halla la revisión de la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias de 1995, la Ley de Arrendamientos Rústicos de 2003, la Ley de Titularidad Compartida que nacía con un gran recorrido y la final se ha quedado en su aplicación en menos de un millar de casos, lo que se considera como un fracaso. 
Además de ello, hay nuevas necesidades a regular como la Agenda 20/30, el problema del desperdicio en la alimentación o la revisión en producción ecológica.