Si los socios del Gobierno de coalición estuvieran dispuestos a cumplir sus programas electorales, la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que avala las expulsiones en caliente de migrantes que cruzan de modo ilegal una frontera europea, -en el caso español, las de Ceuta y Melilla que constituye la más desigual entre países ricos y pobres del mundo- esta resolución judicial inapelable no tendría ningún recorrido. Bastaría con que desde el Ministerio del Interior se diera la orden a las fuerza de seguridad del Estado que las vigilan que no procedieran a realizarlas porque ese es el compromiso 'progresista' suscritos con los electores que les votaron. En los programas electorales del PSOE y Unida Podemos se reniega de esas prácticas, de tal forma que la mejor manera de resolver las contradicciones sería la derogación de las leyes que las amparan.
Tras la decisión del tribunal de Estrasburgo, las circunstancias son bien distintas y la policía de frontera está respaldada jurídicamente para continuar realizándolas cada vez que e produzca un salto masivo a las vallas que separan las ciudades autónomas de Marruecos. Su actuación depende de una decisión política. En los últimos meses, con Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior no se han suspendido, y en la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios del pasado viernes, presidida por Pedro Sánchez con presencia de Pablo Iglesias, se apostó por acatar la sentencia del TEDH. Como al recuso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy se sumaron Francia, Bélgica e Italia, y se trata de una sentencia que incide directamente en la política migratoria de la Unión Europea, se ha echado mano del recurso fácil de apelar a que sea la Comisión quien determine las pautas comunes de actuación. Pero esa decisión puede tardar años en adoptarse dadas las distintas posiciones de los países respecto a la inmigración, por lo que lo previsible es que se produzca un aumento de las devoluciones en caliente. .
Como han puesto de relieve todas las onegés que trabajan con migrantes irregulares estas expulsiones suponen la vulneración de sus derechos a un análisis individualizado de su caso, a que pueda comenzar los trámites para pedir asilo y a que se garanticen sus derechos humanos más elementales. Afirmar, como hacen los jueces de Estrasburgo para dar la razón al Gobierno español, que las dos personas sobre las que decidía el recurso “decidieron no usar los procedimientos legales que existían para entrar en territorio español de manera legal” es levantar una valla burocrática más alta de las concertinas que rodean Ceuta y Melilla, por las restricciones que se establecen para las solicitudes legales y seguras. .
El cambio de criterio del tribunal de Estrasburgo -los jueces europeos también se manchan las togas con el polvo del camino- no cabe duda de que está mediatizado por la situación que se vive en toda Europa donde existe en la mayor parte de los países unos partidos populistas, nacionalistas y de ultraderecha que han puesto las políticas migratorias en el centro de la agenda política. En un gesto de realpolitik, el Gobierno ha decidido hacer bueno aquello de que no es lo mismo predicar que dar trigo cuando se ejerce el poder. Lo de siempre.