La sesión de control al Gobierno celebrada ayer volvió a erigir en protagonista a Felipe VI. PP, Vox y Ciudadanos exigían al Ejecutivo la reprobación de dos de sus miembros -el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón- por sus ataques y menosprecios hacia la Corona tras la ausencia del Rey en la entrega de nuevos despachos a los jueces en Barcelona. Mientras el presidente, Pedro Sánchez, se dedicaba a tildar de «amenazas ficticias» los hechos denunciados por la oposición, sin reclamar una rectificación o salir públicamente en defensa de la Monarquía, la polémica se encendió aún más en el momento en el que Gabriel Rufián, con una fotografía en blanco y negro en la que Don Felipe era tan solo un niño de 10 años dando la mano a Francisco Franco, señalaba al Rey como el diputado número 53 de Vox y que el dictador fue el único que le votó.
La controvertida intervención del portavoz de ERC en la Cámara Baja provocó la respuesta inmediata de un Pablo Casado que instó a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras apelar a los artículos 103 y 104 del reglamento, a tomar cartas en el asunto y retirar del diario de sesiones las acusaciones y los menosprecios que el independentista catalán había lanzado sobre el Jefe del Estado. Sin embargo, Batet se limitó a pedir contención y defendió que las declaraciones de Rufián se enmarcan dentro de la «libertad de expresión»; una respuesta que provocó los reproches y las airadas quejas de la bancada de centro derecha. No es la primera vez que en el Congreso sucede algo similar. Ya ocurrió con una polémica intervención de Bildu que menospreciaba a Felipe VI y que fue respondida de forma similar por Batet.
Los ataques a la Casa Real y, más concretamente, al Rey, se han convertido en una constante. Podemos y los partidos secesionistas se han unido en su cruzada para contaminar la figura del monarca con el objetivo de ganar adeptos para su quimera republicana. La campaña se ha intensificado en las últimas semanas, pero lo que más sorprende es que desde el propio Gobierno, con la excepción ayer del ministro de Justicia, nadie haya salido en defensa de la Corona de manera explícita y contundente, dando alas a aquellos que lo único que pretenden es debilitar a Felipe VI a cualquier precio. En un momento en el que país se está jugando tanto, con una crisis sanitaria y económica sin precedentes, las actitudes que tratan de desestabilizar las instituciones o soliviantar el propio espíritu de la Constitución deben ser cortadas de raíz por Sánchez y Batet para evitar que esta ‘caza de brujas’ contra la máxima autoridad del Estado continúe.