La Junta acudirá a la vía judicial para reclamar los 142 millones que el Gobierno central se ha quedado procedentes de la recaudación del IVA a los ciudadanos de Castilla y León. El sistema de financiación autonómica establece que es el Gobierno de España el encargado de recaudar todos los impuestos nacionales para, con posterioridad, repartir en función de los porcentajes acordados. En general, todo el proceso viene regulado en los Presupuestos del Estado mediante las entregas a cuenta y que, dicho de otro modo, supone que el Ejecutivo adelanta a las comunidades el dinero que se prevé recaudar y, tras el cierre oficial del ejercicio, se revisan las cuentas y si han traspasado más de lo que corresponde se devuelve y viceversa. Pero, por lo visto, esto ya no es así. Esta vez, con la excusa de que no había nuevos presupuestos, el Gobierno de Sánchez ha manejado este dinero a su antojo y las comunidades autónomas, que están insuficientemente financiadas, han experimentado en su propio cuello un par de puntos más de cierre de una soga ya de por sí asfixiante. Y ahora que Pedro Sánchez ha decidido que habría que dar a las comunidades lo que por ley les toca, todavía les ha sisado el porcentaje del IVA pendiente de abono sin dar ninguna razón aparente más allá de que no se podía. Son 2.500 millones en toda España, de los que 142 corresponden a Castilla y León y por los que, a propuesta del presidente Fernández Mañueco, va a pelear en los tribunales. 
Lo peor de todo esto, teniendo en cuenta que las principales competencias de las autonomías son la educación, la sanidad y los servicios sociales, es quienes van a pagar el pato de este incumplimiento legal. Ya saben, la gente que más lo necesita. Nuestros mayores, nuestros jóvenes, nuestros enfermos y nuestros dependientes, entre otros colectivos. Toda una flagrante incoherencia en un Gobierno que, además, presume de ser el más social de la democracia. ¿Cómo se puede comprender que el golpe se propine a las administraciones que prestan por ley esos servicios públicos cuando se escuchan a la vez grandilocuentes discursos que, precisamente, defienden esas políticas sociales?
Una vez más queda demostrado que el modelo de financiación permite al Gobierno central ejercer una discrecionalidad que, a la postre, acaban pagando las autonomías.  Tampoco es nueva esta forma de proceder, porque tanto los gobiernos de Rodríguez Zapatero como los de Rajoy reclamaban por la mañana lealtad a los ejecutivos autonómicos y por la tarde les hacían la jugarreta de una forma u otra. Por ejemplo, jugaron con la previsión de ingresos para que le cuadraran unas cuentas electorales que sabían que no iban a aplicar y, con ello, acabaron descuadrando todas las de las comunidades autónomas. Por no hablar de las muchas normas nacionales que se aprueban sin el necesario soporte presupuestario y a las que luego tienen que hacer frente las comunidades si finalmente se aplican. Todo un sinsentido en una democracia consolidada que, lamentablemente, presenta aún un enorme socavón en cuanto a un modelo de financiación autonómica justo y equitativo.   
Tampoco es, créanme, la solución a este despropósito la opción que da la ahora Administración morosa a los gobiernos autonómicos, y que viene a ser algo así: como yo no pago, les doy permiso para que vayan al banco y pidan un crédito, con sus correspondientes intereses y el resto de compromisos financieros. Una propuesta que  ni tan siquiera es nueva, porque supone retomar la idea de Rodríguez Zapatero en su última etapa. Entonces, vino a ser lo siguiente: como yo no pienso repartirles el dinero que cuesta prestar los servicios en su territorio, les conmino a que se endeuden y de esta forma puedan pagar la educación, la sanidad y los servicios sociales. Y el resultado de ese camino ya lo conocemos: llevó a las comunidades a la asfixia y a España, a disparar su deuda. 
En fin, a lo que se ve, no se ha aprendido nada de lo ocurrido en aquellos años. Y así nos va.