La noticia sobre el alquiler, con derecho a compra, del antiguo palacio de Mansilla, que fue sede del  antiguo Colegio Universitario de Segovia, es buena para la ciudad, especialmente para el recinto histórico, olvidado en muchas ocasiones por las políticas de las administraciones, porque tiene asegurado su mantenimiento por sus nuevos inquilinos de la IE Universidad, cuando la falta de actividad le tenía sometido al abandono.   
Tenerlo vacío, le resultaba costoso a la Fundación Caja Segovia que, no solo ahorra, sino que con el alquiler, cuya cifra exacta no se ha dado a conocer, aunque cuando lo sacó al mercado comenzó hablando de 20.000 euros mensuales, pidiendo después por la venta más de 4,2 millones de euros, permitirá aumentar su presupuesto para reforzar sus actividades sociales y culturales, aquellas que cumplió en su momento la desaparecida entidad de ahorro, que dejó huérfana a la provincia que le hizo crecer –también económicamente a sus directivos y con ventajosas prejubilaciones en el conjunto de su plantilla– y que desapareció por decisiones equivocadas. 
Además, abrir una residencia universitaria, aparte de que se desarrollen actividades culturales, junto con la de la antigua residencia de mayores de la calle Doctor Velasco, puede hacer cambiar una tendencia alcista en los alquileres en el casco, romper la burbuja,  que ahora no permiten la residencia fija y lo llevan a la perdida de vida, cuando ya la mayoría de la actividad comercial tradicional ha desaparecido, para dar paso a las franquicias, que son las que pagan elevados precios.  Habrá que ver también hasta qué punto incide la intervención en el mercado del alquiler que prevé el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, dirigido al control de precios, un que quiere llevar a las Cortes antes del verano, y el desarrollo posterior que lleve a cabo el Gobierno autonómico. 
Aparte de todo esto, residir en el recinto amurallado no resulta cómodo a los pocos vecinos que aún quedan, lo pone de manifiesto en la memoria la Defensoría de la Ciudadanía, cada año, por decisiones que se adoptaron en su momento, incluso abandonos por parte de las administraciones dejando inmuebles cerrados, o empleo de los espacios de forma indiscriminada para uso festivo, con una extraordinaria saturación de establecimientos de hostelería. No hay una política efectiva para esta zona, solo se va a salto de mata, a la especulación y a la invasión del espacio público. 
Todo ello con contradicciones como quien desde la patronal pide al sector de la hostelería la diversificación de los negocios, ante una posible caída del turismo debido al episodio del coronavirus, y abogue, paralelamente, por la construcción de un aparcamiento en una zona polémica, como el Salón, cuando queda demostrado que este tipo de instalaciones no son rentables, salvo fines de semana, no todos, o puentes festivos. La solución estaría en los famosos aparcamientos disuasorios para estas ocasiones negociando,  si es posible, con propietarios de terrenos. Esto no hay que sacarlo de la agenda.