No hace falta saber de memoria las cifras del INE previas a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, porque, entre otras razones, ya conocemos un alarmante dato: que Castilla y León contará con casi 4.200 electores menos que en los comicios del pasado 28 de abril. Estamos llamados a las urnas algo más de 2,1 millones de castellanos y leoneses y el goteo a la baja continúa, aparentemente de manera inexorable.
Ante esta realidad, no es de extrañar que todas las fuerzas políticas redoblen sus esfuerzos para salvarnos de la despoblación o, como se dice en términos buenistas, el ‘reto demográfico’.
Entretanto, nuestros pueblos llevan décadas languideciendo, aunque las medidas para ralentizar e intentar revertir la situación son bien conocidas.
Tampoco hay que ser muy listo porque todo el mundo sabe que las inversiones hacen maravillas. El presente y el futuro del entorno rural no pasa por poner un médico en la casa de cada paciente, porque no sería razonable ni sostenible, sino por políticas realistas que piensen en el bienestar y la igualdad de oportunidades de las personas. A saber: sanidad pública de calidad y sin vaivenes, carreteras decentes, buenas infraestructuras eléctricas, telefonía móvil y conexión a Internet del siglo XXI, correctas señales de televisión y radio y una financiación de las entidades locales que responda a las peculiares características de una comunidad autónoma extensa y con una población muy dispersa.
Solo hay que tener ‘vocación política’ para tratar de solucionar una cuestión de Comunidad, como es la supervivencia del medio rural. Y para empezar, no estaría de más recordar que las soluciones pasan por contar con la opinión de la gente y los profesionales que viven en nuestros pueblos. Las decisiones se deberían adoptar en esa cercanía y no tanto desde las capitales y los despachos. Pisar el terreno es lo mínimo que podemos exigir a quienes tienen la responsabilidad de dirimir el futuro del medio rural. O sea, voluntad política por encima de otros intereses partidistas.