La Mesa del Congreso tumbó ayer la creación de una comisión que investigue el presunto uso irregular de las denominadas tarjetas black por parte del rey emérito, una iniciativa promovida por Unidas Podemos, a la que se habían unido los partidos nacionalistas y algunos minoritarios y que fue rechazada con los votos de PSOE, PP y Vox. Se trata de la cuarta ocasión en la que los de Pablo Iglesias solicitan una medida que ha sido siempre descartada por sus socios de Gobierno y que deja patente las grietas que existen en el Ejecutivo de coalición en temas trascendentales como es el de la Corona.
La secretaria de Estado de Agenda 2030 del bloque morado, Ione Belarra, fue la encargada de romper el silencio institucional de su grupo que, pese a que España se encuentra en uno de los peores momentos de la tercera ola de la pandemia y ha sufrido las inclemencias de un temporal sin precedentes, había permanecido ausente de toda actividad pública, con la excepción de las redes sociales. Belarra cargó con dureza contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que acusó de aliarse con la extrema derecha para evitar investigar a Don Juan Carlos. Robles, que se está erigiendo como el mejor ejemplo de lo que es tener sentido de Estado en todas las cuestiones con las que está teniendo que lidiar, dejó clara la postura de los socialistas, que consideran que la comisión que se plantea podría inducir a la puesta en cuestión de instituciones fundamentales del Estado y que el asunto ya se encuentra en los tribunales, donde el Supremo ha abierto una investigación judicial. La propuesta de Podemos choca frontalmente contra la jurisprudencia del Constitucional, que estableció en su día que la Cámara Baja no tiene potestad para controlar al Jefe del Estado.
La realidad es que el partido que lidera Pablo Iglesias está empeñado en abrir un debate innecesario y estéril sobre la monarquía a toda costa. Ya se pudo comprobar desde antes de que llegaran al Ejecutivo y, sobre todo, los días, tanto previos como posteriores, al discurso de Navidad de Don Felipe, donde el monarca fue criticado pese a que se desvinculó de la figura de su padre y advirtió que los principios éticos que demanda la ciudadanía están por encima de cualquier consideración, incluso de «las personales y familiares». Todo vale para que Podemos trate de poner en cuestión a una institución que, desde la llegada de Felipe VI, con un marcado espíritu renovador, ha sido símbolo de ejemplaridad y transparencia. Serán los juzgados los que diriman cómo fueron las actuaciones de Don Juan Carlos, mientras tanto el vicepresidente segundo y su grupo deberían empezar a preocuparse por lo fundamental; una crisis económica y sanitaria de la que, si no se comienzan a poner los cimientos, tardaremos en superar, como el martes advertía ya Moody’s, mucho más de la cuenta.