Los problemas de abastecimiento de material y la falta de personal en las empresas de construcción se están cebando con la provincia. Tal y como advertía El Día en su edición del pasado 9 de septiembre, semejante cruce de crisis ya había obligado por entonces a los ayuntamientos de 18 pueblos a pedir prórrogas de plazos para poder terminar diversas obras y justificarlas ante la Diputación, con idea de prevenir problemas para cobrar las subvenciones que les concedió. La cifra era importante, pero lo peor es que apuntaba a seguir creciendo de forma notable en las siguientes semanas, dado que el plazo para cursar ese trámite no vencía hasta el 30 de septiembre. Y pasada esa fecha, sumando ya incluso solicitudes recibidas días después por demoras ordinarias en la recepción de documentación que sí se entregó a tiempo, ascienden a 89 (ver enlace al listado). El 40% de los 208 municipios y 17 entidades locales de la provincia con derecho a ayuda.

La gran mayoría de las obras con problemas para cumplir plazos, un total de 80, están ligadas al Plan de Ayudas para Inversiones Municipales de la Provincia (PAIMP) 2021, cuyas bases establecían el 28 de octubre como fecha límite, y la posibilidad de pedir una prórroga hasta el 30 de noviembre. Actuaciones que deben estar terminadas para que los ayuntamientos puedan presentar la documentación justificativa de gastos y que la Diputación, a su vez, pueda liberar sus subvenciones. Todo dentro de los tiempos marcados, dado que están cargadas sobre el presupuesto de la institución provincial para este ejercicio. 

Para justificar los gastos, entre la documentación exigida está el acta de recepción de obras o el certificado de su realización emitido por el secretario, y «el transcurso del plazo de justificación sin que ésta se haya presentado, determinará la pérdida del derecho al cobro de la subvención», recogen las bases del PAIMP. En la propia convocatoria se desliza una opción para ganar un pequeño margen a mayores del 30 de noviembre al apuntar que «si se comprueba la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada, se pondrá en conocimiento del beneficiario, concediéndole un plazo de diez días para su corrección». Sin embargo, «transcurrido dicho plazo, si persisten los defectos, dará lugar a la pérdida de la subvención», se insiste. O como recoge más adelante, a «la revocación o cancelación total de la subvención concedida y a la obligación, en su caso, del reintegro de las cantidades percibidas con el correspondiente interés de demora, si procediera, desde el momento del pago de la subvención».

La resolución de la convocatoria se publicó el 9 de abril y en ella consta el reparto de los 4,5 millones consignados por la Diputación a través del PAIMP entre 218 municipios y entidades locales menores que, a partir de esa fecha, pudieron iniciar sus tramitaciones. Y de momento, aunque son obras relativamente pequeñas en su mayoría y queda margen para que muchas puedan terminar en plazo, preocupa una ola de retrasos que equivale al 40% del reparto de este programa, 1,8 millones. Cantidad que, además, se eleva hasta rondar los 2,4 millones si se suman las obras que también reciben subvención por otros dos programas parecidos: el de convenios de ayuda directa a municipios, con 14 peticiones de prórroga por valor de 570.000 euros, y 6 de arreglos de caminos con un pequeño pico de 16.250.

Entre las obras con solicitud de prórroga cursada hay de todo: una pista de patinaje y skate board en Espirdo, una de pádel en Arroyo de Cuéllar, un ascensor para el edificio del Ayuntamiento de Barbolla, un centro cultural en Campo de Cuéllar, la rehabilitación del centro social de Castro de Fuentidueña, la reforma de la escuela de música de Ayllón, la construcción de un espacio dedicado a consultorio médico y farmacia en Cerezo de Abajo, la ampliación del centro de día de Escalona del Prado, la rehabilitación de las piscinas municipales de Hontalbilla o la reforma del centro cultural de San Rafael. Y en la gran mayoría restante, obras de renovación de tuberías y mejoras viarias.

Las subvenciones más pequeñas del PAIMP se quedan en 8.000 euros y las más grandes ascienden a 60.000, dependiendo del tamaño de cada población y el coste de cada proyecto, hasta completar el citado reparto de 4,5 millones, correspondientes a un mínimo del 70% del importe total de las obras. En el caso del programa de convenios directos con municipios la ayuda más alta es de 65.000 euros, destinados a la obra del centro social de Escalona, mientras las obras del plan de caminos se quedan entre los 2.500 y los 3.000 euros. 

CONFIANZA RELATIVA. «No quiero ser alarmista, pero tampoco decir que no pasa nada y que alguien se relaje», reconoce a El Día el diputado provincial de Acción Territorial, Basilio del Olmo, consciente de que «nunca se habían recibido tantas peticiones de prórroga y nunca se había tenido dudas de que algunas pudieran llegar fuera de los plazos marcados». «Pero es que todo el mundo se queja de lo mismo: que no hay material, que no hay gente para trabajar en las constructoras y que faltan hasta transportistas. Pasa en las obras públicas y también en las privadas».

«Intentaremos dar una solución para que ningún pueblo se quede sin subvención», avanza. «Tampoco se puede descartar que no haya problemas con alguno, pero al final estamos hablando de obras pequeñas que una vez empiezan tienen plazos más o menos cortos, así que vamos a confiar en que se terminen todas a tiempo, o casi todas», concluye.