El Procurador del Común, Tomás Quintana, solicita a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que “extreme el control del contenido” de todas las solicitudes de ayudas procedentes de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea y lleve a cabo las comprobaciones precisas para verificar que todos los solicitantes cuentan con los títulos de propiedad o arrendamiento sobre las fincas que figuran en la solicitud. El Procurador considera insuficiente la presunción de legítima posesión de las parcelas para que la administración tramite la solicitud presentada, como se venía admitiendo hasta ahora.

Al respecto, Quintana asegura que la institución que dirige ha tenido conocimiento de “situaciones en las que algunos solicitantes de las ayudas PAC no eran propietarios ni legítimos poseedores de algunas de las parcelas sobre las que solicitaban las ayudas”. Cuando estas situaciones derivan en denuncia por parte de los verdaderos propietarios de las fincas, la Administración impide el pago de la ayuda y reclama lo que indebidamente se hubiera abonado.

En ese sentido, el Procurador reclama que los controles exhaustivos se lleven a cabo “sin necesidad de denuncia previa” para evitar que estas situaciones se reproduzcan y remarcó la importancia que tienen las ayudas de la PAC en la generación de riqueza que impulsa el sector agrario en Castilla y León.