ernando Mínguez se dio de alta en el turno de oficio nada más colegiarse como abogado. Lo veía como un medio inmejorable para profundizar en el aprendizaje de su profesión y como una forma de ayudar a quien necesitaba ser escuchado. Quería sumarse a una labor con vocación de servicio público que realiza la abogacía los 365 días del año en todas las comisarías, cuarteles y juzgados de España. «Es una labor poco agradecida en muchas ocasiones», lamenta. «Algunas veces es cierto que contribuyes y echas una mano para que se cumplan los derechos de alguien contra quienes le agreden desde posiciones dominantes. Pero tiene mucho de esfuerzo y abnegación por parte del abogado, porque hay un enorme trabajo detrás, dedicación y, a veces, ponemos dinero –yo he dado dinero para taxis muchas veces, por ejemplo– o no conseguimos cobrar por la falta de seriedad del beneficiario», añade. Él se acaba de dar de baja por falta de tiempo.

La sensación de que la sociedad española no valora la importancia que atesora el turno de oficio es generalizada entre los abogados, que además han visto cómo se han multiplicado los «ataques» a esta función. El último hace sólo unos días a raíz de una comunicación del Ministerio de Justicia, que les dio un plazo de siete días –con el Puente de la Constitución por medio– para certificar ante el propio Ministerio que todos aquellos procedimientos que han sido asistidos en los últimos meses con abogados del turno de oficio por designación judicial cumplen los requisitos establecidos por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Fuentes ministeriales han explicado a Europa Press que esta decisión se ha adoptado después de que la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada del Ministerio advirtieran en sendos informes que el pago a los profesionales que prestan este servicio público podría derivar en consecuencias penales si no se lleva a cabo de manera conforme a la ley.

Este encontronazo no es el primero en los últimos meses entre los abogados y el departamento que dirige en funciones Dolores Delgado. Este último paralizó hace un año los pagos a los letrados del turno de oficio a la espera de la aprobación de un real decreto para regular la concesión directa de estas subvenciones, «trámite preceptivo en la actual situación de prórroga presupuestaria», según indicaban. Sin embargo la razón última parecía ser el descubrimiento de que el anterior equipo ministerial, el del popular Rafael Catalá, habría abonado casi 600.000 euros más de los previstos inicialmente para sufragar el trabajo de algunas de las defensas de investigados y acusados en el ‘caso Gürtel’. Tras 144 días de  impagos, medio centenar de abogados segovianos se concentraron ante el Palacio de Justicia, en la calle San Agustín, para reclamar una solución y el abono de los 268.732,42 euros correspondientes a los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero adeudadas. 

Los nuevos recortes al turno de oficio irritan a la abogacía

El decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julián Sanz, explicaba que se planteaban «la no asistencia durante 2 o 3 horas a la obligación que tenemos de acudir para la asistencia ante un detenido o dejar en suspenso durante una semana las asistencias a temas civiles». Mientras, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo, lamentaba que  «hay una demora que no es explicable» y subrayaba que «las justificaciones de aprobar un real decreto y que el Tesoro tiene su tiempo no convencen a nadie».

COMISIÓN. Ahora ambas partes han vuelto  a chocar. El problema reside en que una parte de las asistencias de abogados a ciudadanos son prestadas a requerimiento del juzgado antes de que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita –formada por representantes de la Subdelegación del Gobierno, del Colegio de Abogados y del Colegio de Procuradores– examine si cada caso particular cumple o no con los requisitos, referidos principalmente a recursos económicos. El Ministerio de Justicia comunicó el pasado 4 de diciembre a los representantes de la abogacía que sólo asumirá el pago de aquellos expedientes que reúnan esas condiciones marcadas, de manera que numerosos abogados verán cómo su trabajo se queda sin ser pagado.

«Es una sinrazón, no tiene lógica», asevera el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julián Sanz. «El juez manda un oficio para que se designe un abogado para un investigado y nosotros no podemos hacer otra cosa que acudir porque si no, nos podrían acusar de desobediencia», argumenta. El Ministerio de Justicia esgrime que ya remitió dos oficios en octubre en los que se exigía que las personas asistidas cumplan los baremos establecidos legalmente antes de liberar el pago a los letrados. El Consejo General de la Abogacía ha respondido demandando al departamento de Dolores Delgado que asuma la totalidad del pago del turno de oficio por designación judicial «independientemente de si estas personas tenían el derecho reconocido o no, porque es un derecho constitucional».

El conflicto se mantiene en un momento de tensa calma, aunque no se descartan movilizaciones. Sí una huelga, en el caso de Segovia, «porque el turno de oficio es un servicio público y no puedes dejar desatendidos a los ciudadanos», tal y como justifica el decano de los abogados. «En Toledo la hicieron cuando se produjeron los retrasos en los pagos y al final fueron los miembros de la Junta de Gobierno de su Colegio de Abogados los que acudieron a las asistencias», apunta el propio Sanz. El Consejo General de la Abogacía ha denunciado en un comunicado que «el Gobierno se desentiende de esta parte del funcionamiento de los tribunales españoles y deja en manos de los colegios y de los propios abogados sufragar el coste de defensa de quienes no cumplan con los requisitos para recibir los beneficios de la justicia gratuita».

Este problema se suma a los subrayados tradicionalmente por el sector, principalmente la «baja» cuantía de las compensaciones que perciben por este servicio. «Estamos tres veces por debajo de algunas Comunidades Autónomas», critica el decano de los abogados de Segovia. Durante la última celebración del Día de la de Justicia Gratuita (se conmemora cada 12 de julio), los profesionales reiteraron su compromiso con este sistema –«el idóneo para la defensa de los derechos de las personas con recursos económicos limitados»–, pero también clamaron por «una reforma del marco regulatorio de los servicios que presta la abogacía a través del turno de oficio y de la asistencia jurídica gratuita para adecuarlo a la situación actual y mejorar su eficiencia». También solicitaron la actualización de los criterios para el acceso de los ciudadanos, «porque lo ha limitado la subida del Salario Mínimo Interprofesional sin modificar los parámetros establecidos en la Ley 1/1996».

En la nueva problemática con el Ministerio de Justicia, el decano del Colegio de Abogados de Segovia hace hincapié en la inversión en recursos que supone el actual marco regulatorio. «Es que nosotros tramitamos todos los expedientes y ahora nos quieren dejar de pagar algunos», asevera. Aunque no sabría precisar cuántos proceden de designaciones judiciales –los que ya no abonará el Ministerio si no cumplen los requisitos–, la institución que dirige ha llevado a cabo durante el año que está a punto de concluir 1.858 designaciones, de las cuales tres de cada diez estuvieron relacionadas con asuntos de carácter penal. Estas cifras suponen que los abogados segovianos realizaron cinco actuaciones al día en cumplimiento del servicio de asistencia jurídica gratuita, sin incluir las 1.237 asistencias a detenidos que prestaron en comisarías de Policía Nacionales y cuarteles de la Guardia Civil, a las que todos los ciudadanos tienen derecho. Y en los procedimientos civiles no cobran el desplazamiento, lo que provoca que si se celebran varias vistas el abogado se gaste la compensación económica que recibe en gasolina. Mientras, llegan nuevos recortes.