Los Juzgados de lo Social de Castilla y León resolvieron 1.121 despidos individuales durante el tercer trimestre del año, lo que supone un aumento del 53,8 por ciento, respecto a los 729 del los mismos meses de 2019, tras la parálisis de su actividad durante el estado de alarma.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) explicaron a Ical que “se puede adivinar lo que viene” por la crisis social generada por la pandemia, pero indicaron que aún se están computando las cifras de ingresos y “habrá que esperar a ver hasta dónde llega esto”. El presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, ya advirtió a comienzos de julio, cuando presentó la memoria judicial de 2019, del “riesgo de colapso” y exigió más medios para hacer frente a una posible avalancha de asuntos.

Las mismas fuentes comentaron a Ical que, de momento no hay peticiones concretas de los juzgados, pero Burgos, Salamanca y Segovia presentan los peores datos “porque arrastran un problema estructural” y la COVID “agrava su situación”.

Las cifras que facilita el Ministerio de Trabajo y Economía Social, indican que 291 de los despidos que acabaron en los tribunales, se resolvieron en el tercer trimestre con sentencia favorable al trabajador, y 539 por conciliación.

Los trabajadores con sentencia favorable aumentaron un 37,9 por ciento; con unas cantidades acordadas por 3,61 millones, que representan un aumento del 67,3 por ciento. La cuantía media se situó en los 12.427 euros por trabajador despedido, un 21,3 por ciento más que un año antes.

En cuanto a los despidos resueltos por conciliación, 539, crecieron un 62,3 por ciento en el tercer trimestre, respecto a los mismos meses de 2019; con unas cantidades pactadas por 4,75 millones, que subieron un 27,3 por ciento. La indemnización media, sin embargo, se desplomó un 40,9 por ciento, hasta los 8.961 euros.