Una alegación presentada por un particular retrasará la aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento de Segovia para 2020, como mínimo, hasta los primeros días de febrero. No queda mucho y la actividad ordinaria tampoco se ve afectada por ello, aunque el equipo de Gobierno contaba con haber podido empezar a disponer de partidas incluidas en las nuevas cuentas desde el inicio del ejercicio. Entre las inversiones previstas destaca el ascensor urbano que salvará el desnivel entre San José y El Palo-Mirasierra, el inicio del proyecto de transformación del entorno de la calle Antonio Machado, que contempla el derribo sin reposición de un edificio para crear un segundo carril de tráfico, aunque lo primero serán las indemnizaciones a los vecinos afectados; nuevas pistas polideportivas en San Lorenzo y Puente de Hierro, una sala de conciertos que se ubicará en el centro cultural de la antigua cárcel, la reforma de la plaza de la Morería, un parque canino o el equipamiento de las salas comunes del CAT.
Por otro lado, cierto es que lo extraño habría sido realmente que el presupuesto hubiera entrado en vigor al comienzo del ejercicio, cuando las demoras ya son más que habituales. La aprobación inicial de los de 2016 no tardó demasiado, el 29 de enero de ese año, pero el proceso hasta su entrada en vigor se alargó hasta el 3 de marzo, una vez se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del día 2. En 2017 hubo que esperar para la aprobación inicial en pleno hasta el 3 de febrero, pero también se presentaron alegaciones, para cuya resolución se decidió celebrar un pleno extraordinario el 16 de marzo, tratando de perder así el menor tiempo posible, de modo que las cuentas se pudieron publicar en el BOP del día 20.
Una semana más tardaron en entrar en vigor los presupuestos de 2018, con visto bueno inicial en pleno el 23 de febrero y con aprobación definitiva publicada en BOP el 28 de marzo. Y los de 2019, aún más tarde que los de años anteriores. El equipo de Gobierno se mostraba dispuesto a terminar el mandato con las cuentas de 2018 prorrogadas por no conseguir el apoyo de ningún grupo de la oposición, pero finalmente firmó un pacto con Cs, preparó unas nuevas y convocó pleno extraordinario para el 11 de marzo con idea de no perder más tiempo. En el BOP se publicó la aprobación inicial el 15 de marzo, no hubo alegaciones y el 15 de abril salió la definitiva, que dio paso al inicio de la ejecución del nuevo presupuesto.
Para el de 2020, sin embargo, el PSOE pudo asegurarse los apoyos suficientes con mucha antelación gracias sus pactos de gobierno con Izquierda Unida y de investidura con Podemos-Equo. La aprobación inicial la obtuvo así sin ningún problema en el pleno del pasado 29 de noviembre y el 4 de diciembre se publicó en el BOP, pero al día siguiente empezaron a contar los 15 de «plazo de exposición y admisión de reclamaciones», y en ese periodo se presentó la alegación que retrasa las cuentas nuevas, cuyo contenido, según el portavoz socialista, Jesús García Zamora, no puede hacerse público hasta que pase por comisión informativa previa a pleno.
Eso no supone que los programas y servicios básicos del Ayuntamiento se estén viendo afectados. La actividad municipal rutinaria sigue su curso a partir de la hoja de ruta marcada por las cuentas de 2019, aunque no se pueden ejecutar partidas que no tengan reflejo en el pasado ejercicio.
Sin pleno extra. Mayores complicaciones causó la demora de los presupuestos de 2019, ya que entonces el Ayuntamiento necesitaba tenerlos aprobados cuando antes, por ejemplo, para no dejar sin financiación las obras de ejecución del controvertido edificio del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (Cide) del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT), un riesgo que se estimaba que podía producirse a partir de finales de marzo o principios de abril. Por eso decidió entonces el equipo de Gobierno convocar un pleno extraordinario y ganar así unas tres semanas, opción que en esta ocasión se descarta. García Zamora argumenta que ahora sólo supondría anticiparse 10 días al pleno ordinario que se prevé celebrar el 31 de enero, y ese tiempo no reportaría ningún beneficio que justificara el dinero extra que conlleva su celebración, ya que cada concejal no liberado cobra 200 euros por sesión y 125 por cada comisión informativa de área a la que deba asistir en los días previos. Más de 4.000 euros de ahorro, o más bien de gasto extra que se evita, y sobre todo confianza en que las cuentas de 2020 puedan entrar en vigor a principios de febrero, quizá con publicación en el BOP del 3 o el 5, para dar disponibilidad presupuestaria a los nuevos programas y proyectos que incluye.