El Gobierno de Castilla y León ha trasladado al Ministerio de Hacienda que corregirá las desviaciones presupuestarias de la primera mitad del presente ejercicio en materias como «dependencia, gastos concertados, universidades y farmacia» sin necesidad de aplicar recortes presupuestarios o medidas adicionales a las incluidas en el Plan Económico y Financiero (PEF) que remitió al Ministerio tras incumplir el objetivo de déficit (-0,6 por ciento) fijado para el año 2017. El departamento que dirige María Jesús Montero reclamó al Ejecutivo autonómico que justificase las desviaciones detectadas y tras la respuesta enviada desde la Comunidad, elMinisterio entiende que Castilla y León podría llegar a situarse «en línea» con el objetivo de déficit para este año del 0,1 por ciento del PIB, si se despejan ciertos «riesgos» sobre los ingresos de fondos de la UE y se produce una «importante contención del gasto» en el segundo semestre del año.
El último informe de seguimiento del PEF de la Comunidad, correspondiente el segundo trimestre del año, indica que «existiría cierto riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad» por la evolución de los gastos no financieros y por los riesgos derivados de no alcanzar los ingresos previstos por fondos recibidos de la Unión Europea.
En cualquier caso, aseguran desde Hacienda, de no confirmarse estos riesgos y efectuarse una importante contención del gasto en el segundo semestre que permita «compensar» la mayor ejecución registrada en la primera mitad del ejercicio, «la Comunidad podría llegar a situarse en línea con el objetivo, circunstancia favorecida a su vez por la prórroga de los presupuestos del ejercicio 2018 especialmente en relación a los gastos corrientes».
El documento, recogido por la Agencia Ical, explica que en el informe de seguimiento correspondiente al primer trimestre de 2019 se advirtió de la existencia de cierto riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad, en particular por la evolución de los gastos no financieros. Una situación de la que podrían derivar, así mismo, «riesgos de incumplimiento de la regla de gasto».
Con base en dicho informe, elMinisterio de Hacienda aprobó una orden de 1 de agosto de 2019, formulando un requerimiento a la Comunidad de Castilla y león para que justificase las desviaciones apreciadas, «adoptando y ejecutando las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto». El plazo para la remisión de información vencía el 10 de septiembre, aunque la Comunidad solicitó una prórroga, que fue concedida.
Requerimiento
En su respuesta al requerimiento, la Comunidad no comunicó medidas adicionales sobre las contempladas con anterioridad. En este sentido, la Junta aseguró que en transferencias corrientes, las desviaciones se concentraban en «dependencia, gastos concertados, universidades y farmacia», y defendió que «serán corregidas en el segundo semestre».
Por lo que se refiere a los gastos de capital, la Comunidad señaló en su respuesta que estaba haciendo un seguimiento, especialmente del anticipo de subvenciones, que le permitirá cumplir con las previsiones del PEF e incluso compensar posibles desviaciones de gastos corrientes.
Los riesgos
El análisis de Hacienda explica que atendiendo a la evolución observada hasta la fecha, existiría riesgo de desviación en los gastos de personal y en las transferencias corrientes, una circunstancias a la que ya se hacía mención en el informe de seguimiento del primer trimestre.
Por otro lado, Hacienda advirtió de que se mantiene el riesgo de «posibles desviaciones» del global de operaciones de capital, aunque reconoció la actuación de la Consejería de Economía y Hacienda, que publicó una orden a comienzos de octubre, en que reguló las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2019 y las de apertura de 2020, en relación con la contabilidad de gastos públicos.
El objetivo, se recalca en el documento, es «llevar a cabo un control permanente y exhaustivo de los gastos por operaciones de capital hasta el cierre del ejercicio».