La primera gran cita política será el 13 de febrero, cuando se celebren las elecciones en Castilla y León, en la que se volcarán tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado, que necesitan un éxito para sus partidos y para ellos mismos. 

Sánchez va en picado, y solo ganará las elecciones generales si a lo largo del 2022 cosecha éxitos en las autonómicas y municipales que cambien la dinámica actual, con un fuerte rechazo a sus políticas y a su persona. Pablo Casado se encuentra en una mejor posición de cara a las generales del 2023 -si efectivamente se celebran ese año y no se adelantan- pero necesita recuperarse del deterioro que ha sufrido al enfrentarse a Isabel Ayuso, con decisiones que han provocado una crítica y una decepción generalizadas. 

Que Fernández Mañueco se mantenga al frente del gobierno castellano leonés sería un alivio para el presidente del PP que, este año, tendrá que estar muy atento a las elecciones andaluzas. Los sondeos auguran una mínima representación de Cs en los dos parlamentos autonómicos, lo que significa que, de darse esa situación, tanto Mañueco cono Juanma Moreno podrían verse obligados a pactar con Vox para formar gobierno. Una situación muy incómoda para Casado. Por su apuesta personal contra el partido de Santiago Abascal, y porque, además, cualquier acercamiento del PP a Vox, más aún si Vox exigiera hueco en los gobiernos a los que hasta ahora apoyaba desde fuera, provocaría una huida de votos en las elecciones generales.

El futuro de los partidos actuales es incierto. El PSOE de Pedro Sánchez pierde fuelle desde que recuperó la secretaría general pero, sobre todo, desde que se hizo con el Gobierno, se coaligó con Podemos y eligió como socios a aquellos partidos que siempre había detestado el PSOE, entre ellos los independentistas catalanes y Bildu. 

Las elecciones autonómicas próximas, y  el propio devenir del 2022, decidirán el futuro del PSOE, como aclararán también el futuro del PP, que solo remontará si Casado corrige algunas de sus decisiones últimas.

Todo lo contrario de lo que ocurre en Ciudadanos que, a pesar de las esperanzas de Inés Arrimadas de remontar, no da señales en ese sentido. Los sondeos son demoledores, pero en política nunca se sabe en qué momento pueden cambiar las tendencias. Por otra parte, se está configurando un movimiento en toda España que va a afectar al futuro de los grupos tradicionales: la aparición de formaciones provinciales que, siguiendo el modelo de Teruel Existe, pretende tener voz en el Congreso y los parlamentos autonómicos.

El reto más importante al que debe enfrentarse Pedro Sánchez en el año que comienza, así como los dirigentes políticos y, sobre todo, los presidentes de gobiernos regionales, será de nuevo la lucha contra la COVID. La vacunación ha sido un éxito -gracias al trabajo de los autonómicos aunque Sánchez una vez más se lo apropia-, porque se ha demostrado que la vacuna no impide el contagio, pero las consecuencias son mucho más leves que en las olas anteriores. Aún así, hay que tomar todas las precauciones posibles, las autoridades estarán obligadas a mantener restricciones y será necesario lograr un equilibrio entre las garantías sanitarias y la supervivencia económica. 

Reforma laboral

En el capítulo económico, las cosas no se le ponen fáciles a Pedro Sánchez. A finales de enero finaliza el plazo para que el Congreso apruebe la reforma laboral negociada con los agentes sociales, que han rebajado considerablemente las expectativas que se había marcado el Gobierno. Ya hay problemas internos en la CEOE, también entre los socios del Ejecutivo, y habrá que estar muy atentos a las concesiones que exigen los partidos que apoyan a Sánchez.

Casado está empeñado en el voto negativo a pesar de que hay voces que le aconsejan la abstención. El 31 de enero se conocerá cual es el futuro de esa ley, de cuyo texto está muy pendiente Bruselas.

Siguiendo con la economía, Sánchez tiene serios obstáculos para cumplir con sus promesas y también con los Presupuestos Generales del Estado, porque la inflación se ha disparado este mes al 6,7 por ciento, la más alta en tres décadas. El coste de la energía es inasumible para gran parte de los ciudadanos y tanto los expertos como la UE afirman que las propuestas sobre las pensiones no son realistas ni aseguran su supervivencia. También está por ver cómo gestiona el Gobierno los fondos de recuperación europeos, que ni han llegado con la rapidez prevista ni se están adjudicando con la transparencia a la que obliga Europa. El Ejecutivo ha aplazado la aprobación de la Ley de la Vivienda que figuraba en el acuerdo con Podemos que, en contra de lo que se había anunciado, está incrementando el precio de los alquileres allí donde está vigente, pero el Gobierno confía en que se sigan manteniendo los índices de empleo con la reforma laboral de Rajoy. 

Cuestiones pendientes

Quedan normas por aprobar en el 2022. Entre ellas, la Ley Trans que promueve Irene Montero y que ha provocado tanta polémica en el mundo del feminismo socialista, que considera que desatiende las reivindicaciones de la mujer, y también que se empiece a aplicar la norma que obliga a pagar cuotas por transitar por autovías y carreteras españolas, de momento aplazada. 

En el plano exterior, quedan por resolver asuntos que han envenenado las relaciones con  Marruecos, donde Pedro Sánchez no ha hilado fino al no respetar el acuerdo no escrito de ser el primer país que visita un presidente español -Sánchez prefirió Macron-, y que luego se indignó con el viaje que pretendían clandestino del líder del Frente Polisario Brahim Ghali para ser atendido de la COVID-19. 

Mohamed VI se enfureció por creer que se podía engañar a las autoridades de su país, a lo que se añadió que desde Podemos no se ha perdido la oportunidad de expresar su apoyo público al Polisario. El nuevo ministro de Exteriores tendrá que dedicar todo su esfuerzo el año próximo a suavizar cuestiones como las relacionadas con Marruecos, Gibraltar, o la cercanía con dictaduras latinoamericanas. 

Pedro Sánchez tendrá que tomar decisiones difíciles respecto a dos asuntos de Estado. Los dos complicados, de repercusiones que sobrepasan el plano político: la situación del Rey Juan Carlos y Cataluña.

En cuanto al regreso del Rey Juan Carlos, Sánchez afirma que es una decisión de la Casa Real, cuando fue el Gobierno el que trasladó al Jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, la decisión del Ejecutivo de que abandonara territorio español.

Se inicia un año clave. Para la Corona, para las instituciones del Estado, para los partidos, para la economía, para Cataluña. Un año que con toda seguridad sentará las bases para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno en el 2023 o, bien, le gane la batalla Pablo Casado.