La Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, intensificó en 2020 su labor de garantía del derecho de acceso a la información pública en poder de las administraciones, autonómica y local, y de otras entidades de carácter público, y registró -en su quinto año de funcionamiento- 329 reclamaciones, cuatro más que en 2019.

Según explican desde la institución que preside Tomás Quintana, si bien en términos generales este incremento no ha sido significativo, sí lo es considerando que, durante la vigencia de la declaración del primer estado de alarma motivado por la pandemia de la COVID-19, se ralentizó notablemente la presentación de reclamaciones. Así, en los tres meses y siete días que duró se formularon 39, mientras que solo en los dos primeros meses y medio del año ya se habían recibido 107.

Una de cada dos reclamaciones se presentó por algún medio electrónico, incrementándose notablemente el número de ocasiones en las que esta presentación tuvo lugar a través de la sede electrónica de la Comisión (124 en 2020, por 54 en el año anterior).

Más de una cuarta parte fueron planteadas por cargos representativos locales; en concreto, 90, de las que 71 las formularon concejales de ayuntamientos, 18 vocales de juntas vecinales y una correspondió a un diputado provincial.

Del total, 238 tuvieron su origen en denegaciones de información solicitada a entidades locales (72 por ciento), de las cuales 190 correspondieron a ayuntamientos, 36 a entidades locales menores y 12 a diputaciones provinciales; 77 se presentaron frente a la Administración autonómica. En 243 de las reclamaciones planteadas, su causa era la ausencia de respuesta a la petición de información realizada, habiendo pasado del 63 por ciento en 2019, al 74 por ciento en 2020).

En cuanto a los motivos utilizados para denegar la información en los supuestos de reclamación frente a una resolución expresa, se observó un cierto cambio de tendencia, puesto que si bien se mantuvo la protección de datos personales como uno de los motivos más frecuentes para denegar aquella, se elevó el número de supuestos en los que la negativa al acceso a la información se fundamentó en que la información solicitada se encuentra en curso de elaboración o ya publicada.

Contrataciones, urbanismo y empleo

Como en años anteriores, el tipo de información solicitada por los ciudadanos que motivó sus reclamaciones fue muy diverso, pero las tres materias que dieron lugar a un mayor número de impugnaciones fueron las relativas a la información económica y de contratación de las entidades locales, a las actuaciones de carácter urbanístico de éstas y al empleo público en general.

En 2020, la Comisión de transparencia adoptó 251 resoluciones, 35 más de las formuladas en 2019. En 132 de estas se estimó la petición del ciudadano de acceso a toda o a parte de la información pública solicitada. Estas Resoluciones estimatorias fueron 18 más que en 2019. En 105 de estos supuestos, las resoluciones se dirigieron a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público y 20 de las resoluciones estimatorias se formularon a alguna de las Consejerías de la Junta de Castilla y León. El contenido completo de todas las resoluciones emitidas se halla publicado en la página electrónica del Comisionado de Transparencia.

Estas resoluciones deben cumplirse, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas ante los órganos judiciales; en este último sentido, las ocho sentencias judiciales adoptadas en 2020 en recursos interpuestos frente a reclamaciones de la Comisión de Transparencia han confirmado la postura adoptada por esta.

Por otra parte, un año más es destacable que hasta en 62 ocasiones (36 en relación con la Administración autonómica), una vez que intervino la Comisión ante la presentación de una reclamación frente a una falta de respuesta a una solicitud de información, el organismo o entidad correspondiente reconoció el derecho del ciudadano a acceder a esta.

Pandemia

El derecho de acceso a la información pública, así como la actuación de la Comisión de Transparencia no fueron ajenos a la situación de crisis generada por la pandemia de la COVID-19. Así, se recibieron 13 reclamaciones frente a otras tantas resoluciones adoptadas por la Administración autonómica a la vista de solicitudes de información pública relacionadas, de forma más o menos directa, con el coronavirus y con sus consecuencias sobre la prestación de los servicios públicos.

Por último, en relación con la transparencia de las administraciones y entes del sector público de Castilla y León, el Procurador del Común, en el ejercicio de sus competencias, también llevó a cabo tres actuaciones de oficio para conocer cómo se estaba dando publicidad a las actuaciones impulsadas por la Administración frente a la pandemia.